El Pacte de Progrés alcanzó ayer un principio de acuerdo sobre la
moratoria después de que Unión Mallorquina accediera a excluir de
la suspensión las viviendas de protección oficial. Este acuerdo
tiene una salvedad: los nacionalistas sólo aceptarán esta excepción
a la moratoria en caso de que los informes jurídicos acrediten que
esta exclusión es jurídicamente viable y no hará peligrar la
moratoria en caso de que sea recurrida. El acuerdo se adoptó tras
una reunión mantenida por los diferentes grupos políticos del
Pacte. PSOE y EU presentaron una propuesta alternativa a los
dirigentes nacionalistas por la que se excluyen de la moratoria las
viviendas de protección oficial incluidas en el plan cuatrienal de
vivienda.
Si la propuesta sale adelante, se autorizará la construcción de
1.600 viviendas protegidas, de las que 400 se destinarán al
alquiler y el resto, a la venta. Al término de la reunión de la
Junta de Portavoces del Consell, la presidenta, Maria Antònia
Munar, explicó que el Govern presentará informes que avalen que la
propuesta de PSOE y EU-EV es jurídicamente viable. Los juristas del
Consell se pronunciarán después sobre estos informes. «Si los
informes jurídicos no dan el visto bueno, UM votará en solitario la
propuesta inicial», aseguró ayer contundente la presidenta de la
institución insular. Maria Antònia Munar afirmó que el
establecimiento de este cupo de viviendas impedirá que la
construcción de viviendas de protección oficial sea un coladero que
se emplee como excusa para seguir construyendo. La presidenta se
mostró muy crítica con la actitud demostrada por sus socios de
Pacte hacia la moratoria.
«Pensaba que proteger el territorio tenía que ser una prioridad
para la izquierda "señaló", pero cuando están en el Govern plantean
excepciones como hacían los otros». La presidenta añadió que han
aceptado excluir las viviendas de protección oficial para que se
pueda aprobar la moratoria «aunque nos entristezca que se destruya
territorio». La presidenta insistió en esta línea al asegurar que
«con la excusa de lo social» se hayan incorporado excepciones. «A
veces se presentan excusas económicas y a veces, sociales; siempre
pasa que alguien quiere excluir algo de la moratoria para que se
siga construyendo».
En cualquier caso, la presidenta asegura que la excepción de
estas 1.600 viviendas protegidas «es el chocolate del loro», porque
lo realmente importante ahora es fijar el techo poblacional. «Hay
que decidir cuántas personas queremos que vivan en Mallorca y que
lo hagan con calidad de vida y sin que ello represente un problema,
porque si no decimos cuántos mallorquines queremos ser, esto puede
convertirse en Hong-Kong». Munar reconoció que la aplicación de la
moratoria provocará una subida en el precio de la vivienda, pero
añadió que no se pueden hacer «milagros», es decir, proteger el
territorio y que las viviendas sean más baratas. El resto de
partidos del Pacte se mostró ayer muy satisfecho con la decisión de
Munar de reconsiderar la propuesta inicial y se mostraron
convencidos de que no habrá ningún problema jurídico. El PP no
quiso pronunciarse, a la espera de conocer el texto definitivo.
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