El president del Govern, Francesc Antich, aseguró ayer que el
departamento jurídico de la Comunitat ya ha elaborado un informe
sobre la moratoria urbanística propuesta por Maria Antonia Munar y
que éste, afirmó, «defiende que no hay problema para hacer una
excepción en lo que se refiere a las viviendas sociales». De esta
forma, el jefe del Ejecutivo daba por hecho que, finalmente, Unió
Mallorquina aceptará un texto que permita la construcción de 1.600
viviendas sociales al año toda vez que expresó «sus dudas a que un
dictamen de los servicios jurídicos del Govern sea rechazado por
los servicios jurídicos del CIM».
Antich puso de manifiesto su satisfacción por el acuerdo que han
alcanzado los partidos del pacte y destacó que la Constitución
«marca que los poderes públicos lucharán contra la especulación y
harán todo lo posible para que todo el mundo tenga derecho a una
vivienda digna y adecuada». En este sentido recordó «los problemas
graves» que tienen muchos ciudadanos de las Islas para acceder a
una vivienda y afirmó que no es de sentido común «excluir el
trabajo del Govern en lo que se refiere a viviendas sociales».
El president rechazó las acusaciones de Munar relativas al
«escaso interés» de las formaciones progresistas en proteger el
territorio y le emplazó a ampliar la limitación de construir «al
suelo rústico y a las viviendas unifamiliares», actualmente fuera
de la normativa propuesta por la presidenta del CIM. Por último, la
máxima autoridad de las Islas recordó que su obligación es
encontrar el equilibrio entre «la defensa del territorio y el
derecho de las personas más modestas a tener una vivienda digna» al
mismo tiempo que trasladaba al debate de las Directrices de
Ordenación de Territorio la limitación del «techo de población» de
las Islas.
Precisamente hoy acaba el plazo para solicitar en el Institut
Balear de l'Habitatge, IBAVI, una de las 125 viviendas de
protección oficial ofertadas por el organismo público. Hasta el
momento, según fuentes del Govern, se han recibido un total de
5.792 peticiones, 48 por cada una de las viviendas ofertadas, y no
se descarta que a última hora de esta mañana la cifra alcance las
6.000 peticiones para acceder a una vivienda social.
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