El conseller d'Ordenació del Territori del Consell Insular de
Mallorca, Rafael de Lacy, ha sido condenado a indemnizar a los
dirigentes del PP Carlos Delgado y Mabel Cabrer a quienes acusó de
haber incurrido en una incompatibilidad por votar en contra de
acuerdos que perjudicaban sus intereses particulares. El juez
entiende que Lacy cometió «una intromisión ilegítima en el derecho
al honor y a la imagen» de los dos dirigentes del Partido Popular.
En concreto, Lacy dijo que Carlos Delgado, portavoz del PP en
Calvià, tendría que haberse abstenido en la votación sobre el Plan
General de dicho municipio.
Lacy argumentó que Carlos Delgado veía perjudicados sus interes
particulares como copropietario del castell de Bendinat por la
revisión del Plan General. El juez de primera instancia, José Luis
de la Fuente, entiende que las acusaciones de Lacy a Delgado son
«difamatorias» ya que un arquitecto de Calvià confirmó que los
intereses particulares del dirigente del PP no se vieron alterados
con los cambios del Plan General. «En política no vale todo», opinó
Delgado.
En relación a Mabel Cabrer, Lacy señaló que la consellera del PP
tendría que haberse abstenido en la votación de una moratoria del
Consell que afectaba un solar de su propiedad en el municipio de
Andratx, en la urbanización de Son Moragues. La sentencia considera
que Lacy lesionó la imagen pública de la dirigente del PP. «Lacy
tenía un problema con la revisión del Plan General de Calvià y
quiso involucrarnos a nosotros, que fuímos personas afectadas por
la moratoria del Consell», lamentó la diputada del PP.
Mabel Cabrer y Carlos Delgado deberán ser indemnizados, cada
uno, con 1.000 euros por parte del conseller d'Ordenació del
Territori del Consell, quien podrá presentar un recurso de
apelación y rectificar públicamente sus declaraciones en contra de
los dirigentes del Partido Popular. Sin embargo, la misma sentencia
no admite la reclamación del actual presidente del PP, Pere Rotger,
quien también fue aludido por Rafael de Lacy a propósito de una
propiedad que posee el alcalde de Inca y que también se veía
afectada por la moratoria urbanística. Sobre este apartado, el juez
considera que Rafael de Lacy sólo hizo referencia a la propiedad de
Pere Rotger, y que sus palabras no suponen «vulneración o
infracción del derecho al honor».
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