Nekane Domblás14/07/01 0:00
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Representantes del PSOE, incluido el president del Govern, y de EU-EV han comenzado una estrategia de apremio al conseller d'Obres Públiques, Josep Antoni Ferrer, para que presente cuanto antes las iniciativas en materia de ordenación del territorio que está preparando desde hace meses. Las exigencias del Pacte se concretan en la redacción de la reforma de las Directrices de Ordenación del Territorio, así como de la nueva Ley del Suelo, instrumento normativo que no se descarta que incluya la posibilidad de permitir a los ayuntamientos de las Islas a establecer cupos de licencias, como en su día trató de hacer el Ajuntament de Calvià.

Esta presión sobre el conseller d'Obres Públiques se ha producido como consecuencia del sorprendente anuncio de moratoria realizado por la presidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar. En el Govern creen que la pasividad de Ferrer ha dejado el camino abierto a Maria Antònia Munar para que abandere ahora la protección del territorio. A pesar de estas críticas, no se contempla la posibilidad de provocar una crisis de gobierno al forzar la salida de Ferrer. Se está a la espera de que el conseller presente cuanto antes las propuestas de ordenación del territorio.

Con respecto a la adopción de medidas territoriales por parte del Govern, el GOB remitió ayer un comunicado en el que propone al Ejecutivo una batería de iniciativas para incrementar la protección del suelo rústico. Además de la reforma de la Ley de Suelo Rústico, de las DOT y de la Ley de Espacios Naturales, exigen la inmediata elaboración de una Ley del Suelo con el fin de cambiar de forma drástica el marco legal que regula el régimen urbanístico en todo tipo de suelo.

A estas peticiones añaden la aprobación de una moratoria de campos de golf que paralice de forma cautelar la construcción de nuevas instalaciones de este tipo, además de una norma cautelar que suspenda licencias en suelo rústico hasta la aprobación de todas las leyes reseñadas anteriormente. «Se trata de utilizar los instrumentos legales que tiene el Govern para incrementar la protección del suelo rústico y, al mismo tiempo, adoptar las medidas cautelares hasta la aprobación de estas leyes», asegura la organización ecologista en un comunicado.