Rosselló achaca a «una confusión» el hecho de que se interprete
que los vertidos que se realizan en el mar sean de aguas residuales
«cuando en realidad están tratadas» aunque destacó que sólo puede
hacer esta afirmación en lo que se refiere a la depuradoras
dependientes del Govern. Recordó, asimismo, que la mayoría de las
depuradoras situadas en la Bahía de Palma están a cargo de los
Ajuntaments y no descartó, en este sentido, que en las Islas
existan vertidos ilegales «que no este controlados» aunque remarcó
que su departamento no tiene ni conocimientos ni denuncias al
respecto.
Rosselló reconoció que en los meses de verano las depuradoras
están al límite de producción por la afluencia de turistas, tal y
como se recoge en el informe, pero negó que está punta provoque el
vertido de aguas fecales al mar. La consellera criticó el
incumplimiento del Convenio Hidrológico firmado con Madrid que
provoca que todavía no hayan llegado 11.000 de los 27.000 millones
prometidos para la depuración pero reiteró el buen funcionamiento
de las instalaciones de las Islas.
Cabe recordar, en este sentido, que un estudio presentado por la
propia Rosselló hace unos meses señalaba que el 40 por ciento las
depuradoras del Ibabsa «es deficiente» y que 18 de las 67
depuradoras que existen reciben más agua de la que pueden tratar.
La consellera también quiso destacar que el Govern coincide
«plenamente» con la otra parte del informe de Greenpeace, aquella
en la que denuncia el crecimiento urbanístico «descontrolado» en el
litoral de las Islas. Asimismo criticó al Ministerio de Medio
Ambiente por «pretender bordear con cemento el litoral de las
Islas».
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