La investigación sobre el «caso Mapau» o «caso Formentera» ha
dado un paso de gigante con las últimas decisiones de la Fiscalía.
Hasta ahora el caso se había llevado en el juzgado de Eivissa, por
tratarse de un asunto que afectaba directamente a la isla de
Formentera, pero la petición fiscal de imputar a varios ex altos
cargos del Govern balear del PP "dos de ellos aforados por su
condición de diputados autonómicos" hará que la investigación pase
al Tribunal Superior de Justicia de Balears.
Hasta el momento las cosas estaban así. La sospecha de un fraude
electoral llevó a la denuncia del caso, en el que hasta ahora
estaban presuntamente implicadas tres personas, relacionadas con el
anterior Govern pero de forma menos directa. Se les acusa de
encargarse de captar votos para el PP entre los emigrantes baleares
en diversos países sudamericanos. Pero ahora el fiscal ha decidido
imputar a cuatro personajes de mayor relevancia política: el ex
conseller Josep Joan Cardona, el ex director general de Joventut
Antoni Pastor, y otros dos ex altos cargos.
Todos ellos deberán aportar a la Justicia sus versiones de los
acontecimientos que se investigan, de forma que el juez pueda
establecer la verdad de unos hechos hasta ahora más bien confusos.
Que los responsables políticos tengan que comparecer ante un juez
no es plato de buen gusto para nadie, pero tampoco es como para
rasgarse las vestiduras. Sencillamente, existe un episodio pasado
que se debe aclarar. Para llegar hasta el final y saber la
auténtica verdad. Frente a tantas versiones contradictorias, debe
ser ahora la Justicia, oyendo a los imputados, la que ponga las
cosas en su sitio y calibre y dictamine si estamos ante delitos
electorales, de malversación de fondos públicos y de falsificación
de documentos o, como sostienen algunos defensores, ante unas
simples irregularidades administrativas. Los fiscales han hablado.
Ahora les toca a los jueces.
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