Nekane Domblás29/08/01 0:00
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El president del Govern, Francesc Antich, anunció ayer que la próxima semana se reunirá con la presidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, para tratar de alcanzar acuerdos en materia urbanística, especialmente en las cuestiones referidas a la aprobación de la moratoria del Govern y a la reforma de las Directrices de Ordenación del Territorio. El president reconoció que estas cuestiones deberán negociarse con UM, pero también con otras formaciones políticas del Pacte. El president se refería a las discrepancias expresadas por Els Verds, hasta el punto de que la consellera de Medi Ambient, Margalida Rosselló, no quiso aprobar en el Consell de Govern la reforma de las Directrices, que ya se encuentran en periodo de exposición pública.

El president reconoció que existen «distintas opiniones» sobre esta materia, pero reiteró lo que viene diciendo durante todo el mes de agosto: que será necesario negociar con todos los partidos para aprobar el nuevo modelo territorial del Govern. Lo que si está claro es que el president del Govern quiere implicarse directamente en la negociación de estos asuntos de ordenación del territorio, considerados capitales durante el próximo periodo de sesiones. Fuentes del Ejecutivo señalaron ayer que la negociación debe hacerse de forma paralela con el Consell de Mallorca.

Es decir, si el Consell quiere negociar la reforma de las Directrices de Ordenación del Territorio, también los miembros del Govern creen que es preciso que UM negocie el futuro plan territorial insular, que de momento está en fase de redacción con la colaboración de los servicios urbanísticos del Consell. En el Govern aseguran que no se trata de un pulso entre el Ejecutivo y el partido de Maria Antònia Munar, sino que ambas instituciones deben trabajar de formar coordinada para que tanto las Directrices como el Plan Territorial tengan «coherencia».

El plazo para la presentación de alegaciones a la propuesta de reforma de las Directrices de Ordenación del Territorio finaliza el próximo día 17. A pesar de que la Ley obliga a que se consulte esta modificación con los ayuntamientos, el Govern no se ha dirigido a las instituciones locales para conocer su criterio sobre las nuevas Directrices. Además de los ayuntamientos, también la reforma de las Directrices de Ordenación del Territorio requiere del informe previo de los consells.