La presidenta de Unió Mallorquina, Maria Antònia Munar, ha decidido
paralizar en el Parlament la tramitación de las competencias de
Bienestar Social por sus diferencias con el Govern. Munar, que
preside la comisión de Asuntos Institucionales del Parlament, ha
comunicado a los integrantes del Pacte de Progrés su decisión de
congelar la tramitación parlamentaria de la ley de transferencias
de las competencias de Bienestar Social, aprobado hace meses por el
Govern, lo que supone una nueva fisura en el pacto de gobierno.
Munar explicó en la última reunión de la mesa de la comisión,
celebrada la semana pasada, que no está de acuerdo con algunos
puntos de la ley y que quiere negociar con el Ejecutivo autonómico
algunas modificaciones, una decisión que se produce en plena crisis
entre los nacionalistas y sus socios por la política territorial.
De manera extraoficial, UM ha mostrado su gran malestar por la
decisión del departamento que dirige Fernanda Caro de ampliar la
infraestructura de la Conselleria de Benestar Social, a pesar de
quedar prácticamente vacía de contenido político por el traspaso de
las competencias a los consells. Munar desea que Antich suprima la
Conselleria de Benestar Social, una petición que la presidenta de
Unió Mallorquina ha planteado en innumerables ocasiones.
Todos los partidos del Pacte de Progrés, además del PP,
esperaban que la tramitación de las competencias de Bienestar
Social a los consells quedase zanjada en los próximos meses. De
hecho, sólo faltaba que la comisión se reuniese para dictaminar la
ley y remitirla al plenario del Parlament para su aprobación
definitiva. De esta manera, las competencias de bienestar social
podrían haberse hecho efectivas en enero del próximo año. Además,
la decisión de Munar también perjudica los intereses del Consell
d'Eivissa y el Consell de Menorca, que dependen de la tramitación
parlamentaria para asumir las nuevas competencias.
Mientras tanto, la posición de Unió Mallorquina en contra de la
moratoria urbanística y las Directrices de Ordenación del
Territorio aprobadas por el Govern fueron objeto ayer de duras
críticas por parte Eberhard Grosske, coordinador de Esquerra Unida.
Para Grosske, Unió Mallorquina «vulnera los contenidos
programáticos del pacto» al votar en contra de las medidas
urbanísticas aprobadas por el Ejecutivo. «UM deberá dar cuenta a
los ciudadanos de sus decisiones», planteó Grosske, quien anunció
que el Govern hará todo lo posible para intentar que el partido que
lidera Munar «rectifique» y apoye la reforma de las DOT.
«El Govern no será nunca el último en cerrar la puerta del
diálogo para llegar a acuerdos que permitan sacar adelante todos
los puntos del programa de 1999», pidió el dirigente de Esquerra
Unida, muy crítico con la postura de UM. Grosske opinó que «las
bisagras suelen tener problemas», en clara alusión a UM, y reiteró
sus consejos a la formación nacionalista para que modere su postura
«para evitar que el electorado le dé la espalda en las próximas
elecciones». Por otro lado, Esquerra Unida ha planteado al Govern
de les Illes Balears una modificación de las Directrices de
Ordenación del Territorio aún más restrictiva, que reduzca el techo
poblacional previsto para las Islas, entre otras medidas.
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