Quizá el sistema de autonomías que tenemos no sea el mejor de
los posibles, pero es el que hay y, por el momento, hay que
procurar que funcione como un reloj. Así que, una vez transferidas
a los gobiernos autonómicos las competencias pertinentes, lo lógico
es que la comunidad en cuestión promueva leyes y el Ejecutivo actúe
en consecuencia. Pero las cosas están lejos de ser así. Al menos en
Balears, especialmente desde que el Partido Popular gobierna en
Madrid y el Pacte de Progrés que encabeza el PSOE lo hace en el
Consolat de la Mar.
Si el Govern de Francesc Antich ha intentado dar un empujón
progresista a las políticas de estas Islas, se ha visto coartado "o
así lo intentan" de forma pertinaz por las instituciones
centralistas. Ocurrió cuando el Govern decidió incrementar las
pensiones más bajas que se perciben en nuestra Comunitat, volvió a
suceder cuando se aprobó la ley de consells insulars que dotaba de
mayor autonomía a cada una de las Islas del archipiélago, se ha
repetido con la ecotasa y, ayer, sucedió de nuevo con la ley del
comercio que trata de proteger al pequeño empresario frente a la
competencia de las grandes superficies. Todas esas decisiones han
sido recurridas ante el Tribunal Constitucional desde Madrid y
parece claro que más que un afán ultraortodoxo por buscar
ilegalidades en todas partes se trata de una política partidista
que consiste en «torpedear» la labor del adversario.
Tal vez olvidan a menudo que las leyes las refrenda un
Parlamento, que es el órgano que nos representa a todos, nos guste
o no. Y si bien hay que velar por el cumplimiento estricto de la
legalidad, también hay que hacerlo porque las instituciones
funcionen. De no ser así los habitantes de estas Islas nos vemos
condenados a no poder contar con el derecho a diseñar una política
propia.
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