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J.M.R./EFE Los trabajadores del Hospital de la Cruz Roja, ante el veto sufrido por parte del Govern y del Insalud para su pase automático al Hospital Son Llàtzer, han decidido emprender una serie de medidas que como ya han advertido concluirán en movilizaciones y paros si no se les hace caso. Ayer un grupo de trabajadores de este hospital entregaron más de 1.200 firmas de apoyo a sus reivindicaciones tanto al Insalud como al Govern balear. Solicitan al Ejecutivo autonómico y al Instituto Nacional de la Salud (Insalud) que «tomen las medidas oportunas para asegurar que los trabajadores del Hospital de la Cruz Roja de Palma puedan seguir ejerciendo su profesión en el nuevo Hospital Son Llàtzer». De hecho, lo que piden es lo que sí han tenido los trabajadores de los hospitales Joan March y General y es optar voluntariamente y automáticamente al nuevo hospital que tiene previsto ponerse en marcha el 15 de diciembre.

El comité de empresa del Hospital de la Cruz Roja de Palma denuncia el «incumplimiento» de las promesas de estas instituciones de garantizar su traspaso automático al Hospital Son Llàtzer. La portavoz del comité de empresa de este centro, Antonia Crespí, recordó que el Ejecutivo balear firmó en 1999, bajo el mandato de Matas, un convenio con la Cruz Roja por el que se comprometía a realizar todos los pasos necesarios para traspasar el personal de la entidad al Hospital Son Llàtzer o, a no ser posible, a los centros sanitarios que gestiona la administración autonómica.

Dos años después de este acuerdo, y a pocos meses para que se abra este nuevo hospital, los empleados han sido llamados «a presentar el currículum, pagar 2.500 pesetas y superar un examen» para acceder a la plantilla del Son Llàtzer como cualquier ciudadano de la calle, «cosa que no tenemos por qué realizar dada la experiencia que tenemos de trabajar durante quince años con pacientes del Insalud». Asimismo, Crespí criticó las afirmaciones del president Antich, efectuadas en una misiva remitida al presidente de la Cruz Roja en las Islas, en las que aseveraba que los trabajadores de la entidad «no tenemos la capacidad de entrar en Son Llàtzer en lo que se refiere a especialidad, competencia o méritos».