Los trabajadores del Hospital de la Cruz Roja, ante el veto sufrido
por parte del Govern y del Insalud para su pase automático al
Hospital Son Llàtzer, han decidido emprender una serie de medidas
que como ya han advertido concluirán en movilizaciones y paros si
no se les hace caso. Ayer un grupo de trabajadores de este hospital
entregaron más de 1.200 firmas de apoyo a sus reivindicaciones
tanto al Insalud como al Govern balear. Solicitan al Ejecutivo
autonómico y al Instituto Nacional de la Salud (Insalud) que «tomen
las medidas oportunas para asegurar que los trabajadores del
Hospital de la Cruz Roja de Palma puedan seguir ejerciendo su
profesión en el nuevo Hospital Son Llàtzer». De hecho, lo que piden
es lo que sí han tenido los trabajadores de los hospitales Joan
March y General y es optar voluntariamente y automáticamente al
nuevo hospital que tiene previsto ponerse en marcha el 15 de
diciembre.
El comité de empresa del Hospital de la Cruz Roja de Palma
denuncia el «incumplimiento» de las promesas de estas instituciones
de garantizar su traspaso automático al Hospital Son Llàtzer. La
portavoz del comité de empresa de este centro, Antonia Crespí,
recordó que el Ejecutivo balear firmó en 1999, bajo el mandato de
Matas, un convenio con la Cruz Roja por el que se comprometía a
realizar todos los pasos necesarios para traspasar el personal de
la entidad al Hospital Son Llàtzer o, a no ser posible, a los
centros sanitarios que gestiona la administración autonómica.
Dos años después de este acuerdo, y a pocos meses para que se
abra este nuevo hospital, los empleados han sido llamados «a
presentar el currículum, pagar 2.500 pesetas y superar un examen»
para acceder a la plantilla del Son Llàtzer como cualquier
ciudadano de la calle, «cosa que no tenemos por qué realizar dada
la experiencia que tenemos de trabajar durante quince años con
pacientes del Insalud». Asimismo, Crespí criticó las afirmaciones
del president Antich, efectuadas en una misiva remitida al
presidente de la Cruz Roja en las Islas, en las que aseveraba que
los trabajadores de la entidad «no tenemos la capacidad de entrar
en Son Llàtzer en lo que se refiere a especialidad, competencia o
méritos».
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