La moratoria del Consell de Mallorca «infringe el principio de
jerarquía normativa (...) y está más inspirada en un principio de
oportunidad política que en un principio de racionalidad
urbanística», dijo ayer José María Mohedano, abogado de la CAEB que
pidió su anulación. Mohedano, encargado por la CAEB de redactar las
alegaciones a las moratorias del Govern y del Consell, calificó de
«absurdo» que se apruebe antes el Plan Territorial de Mallorca
(PTM) que las Directrices de Ordenación Territorial (DOT).
Para el letrado «si el PTM se tiene que adaptar a los estándares
mínimos de las DOT, lo que es absurdo es que sin poderse fijar
todavía los criterios del PTM porque hay que esperar lo que dicen
las DOT, y existiendo una norma cautelar de las DOT, se apruebe
otra norma para proteger las previsiones del PTM». «Qué razones
hay, si no es por motivos de oportunidad política y no de
racionalidad urbanística, para que siga en vigor otra norma
cautelar del Consell», se preguntó.
La alegación que, según el letrado, «mejor expresa la ilegalidad
y la inseguridad jurídica» de la moratoria del Consell es la
derivada de la infracción del artículo 17 de la LOT, según la cual
«sólo se puede aprobar una norma cautelar por cada instrumento de
ordenación territorial mientras se esté elaborando». Otro de los
aspectos destacado por el abogado es el hecho de que no se haya
encargado un dictamen al Consell Consultiu, «como es preceptivo».
Por otra parte, según los cálculos de la asociación de promotores,
la prevista disminución de 4.000 viviendas puede suponer pérdidas
por valor de 120.000 millones. En materia social significa que uno
de cada dos trabajadores del sector de la construcción pierda su
trabajo, dijo su vicepresidente, Gabriel Oliver.
El presidente de la Asociación de Constructores de Balears,
Manuel Gómez manifestó ayer, en relación a la dimisión de Ferrer,
que «tenemos dudas de que haya sido un gestor al que se le haya
permitido elegir con libertad a su equipo». Desde esta perspectiva,
«es difícil exigírsele responsabilidades», agregó Gómez, para quien
uno de los problemas de estos dos años ha sido «la inviabilidad del
Plan de carreteras que el Govern anterior aprobó con un presupuesto
de 50.000 millones en ocho años y que por motivos ideológicos y por
una decisión del partido socialista que Ferrer no tuvo más remedio
que acatar, quedó paralizado».
«Eso ha significado que Balears ha perdido en dos años 16.000 mi
millones para mejorar las infraestructuras viarias», dijo.
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