Sólo un centenar de propietarios de pozos de los 20.000 que tienen
que hacerlo en las Islas han solicitado hasta el momento su
inclusión en el «Catálogo de Aguas Privadas» tal y como se recoge
en la disposición transitoria cuarta del Plan Hidrológico Nacional.
La normativa aprobada por el Gobierno central el pasado mes de
julio establece la obligación de apuntar en este catálogo a todos
los aprovechamientos de aguas subterráneas anteriores a la entrada
en vigor de la ley de aguas de 1 de enero de 1986.
En Balears existen unos 30.000 pozos pero 10.000 de ellos son
posteriores al año 1986. A partir de esa fecha los nuevos pozos
pertenecen a la Administración pública que o bien otorga una
concesión de explotación al propietario del terreno por 50 años al
inscribirse en el Registro de Aguas o bien permite que continúe
siendo privada, a través del catálogo de aguas privadas, lo que
obliga a extraer siempre el mismo caudal sin posibilidad de
aumentarlo. Estos pozos construidos a partir de 1986 entran
automáticamente en el catálogo que ahora se está elaborando aunque
desde la Administración autonómica se recomienda a los propietarios
que consulten con el teléfono del agua (900-700100) para asegurarse
si están incluidos.
El propio director general de Recursos Hídrics, Antonio
Rodríguez, aseguró que su departamento espera «una avalancha de
solicitudes» ya que el plazo de presentación acaba el próximo 26 de
octubre. No obstante, recuerda Rodríguez, los propietarios pueden
presentar sus solicitudes antes de la fecha en Correos,
ayuntamientos, Delegación de Gobierno o cualquier Conselleria. La
instancia de inscripción debe ir acompañada de la escritura de la
propiedad, un plano de la localización y el DNI. En el caso de que
el pozo sea anterior a 1986 el propietario debe acreditarlo a
través de algún documento como «los vales de gasóleo o la propia
escritura».
El director general aseguró que todos aquellos pozos que no
formen parte del catálogo serán ilegales y, por tanto, perseguidos
y apuntó que la intención de la normativa es perseguir los pozos no
declarados. El director general de Recursos Hídrics abogó porque el
Gobierno central conceda una prórroga «siempre que se tratara de un
plazo definido» ya que existe un alto grado de desconocimiento
sobre la situación de los pozos. En los mismos términos se
manifestó el coordinador de Unió de Pagesos, Joan Mas, quien pidió
a Madrid que prorrogue el plazo para inscribirse durante seis meses
ya que «como se ha demostrado» la medida ha cogido por sorpresa a
muchos propietarios. Asimismo Mas solicitó que se envíe una carta
personalizada a los propietarios para avisarles de la nueva
circunstancia.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.