La alegación del Govern es una de las 32 que ha recibido la
moratoria del Consell de Mallorca, frente a las tres que recibió la
del Govern. Además de la Conselleria d'Obres Públiques, han
presentado alegaciones la mayoría de las asociaciones empresariales
relacionadas con el mundo de la construcción, como la de
promotores, constructores, madera y muebles, auxiliares de la
construcción, labrado de piedra y mármol, almacenistas de
materiales de construcción, instalaciones eléctricas, instaladores
de fontanería e industriales metalúrgicos. A todas estas se suma
demás una alegación general presentada por la CAEB. Todos ellos
piden la nulidad de la moratoria y aseguran que tendrá
consecuencias catastróficas para el sector. También ha alegaciones
del GOB, de la Cámara de Comercio, del Col.legi d'Arquitectes y los
ayuntamientos de Llubí, Palma, Sa Pobla, Andratx, Calvià, Pollença
y Ses Salines. A las alegaciones de las asociaciones empresariales
y de diversas entidades ciudadanas se añaden nueve alegaciones más
presentadas por parte de particulares afectados por la norma
cautelar del Consell.
El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Mallorca ha realizado un estudio para evaluar las consecuencias
económico-laborales provocadas por la moratoria del Consell Insular
de Mallorca y del Govern en la Isla, así como su incidencia en la
construcción y sus múltiples integrantes. De acuerdo con este
estudio, el presidente de los Aparejadores de Mallorca, Jaume
Gibert Salamanca, vaticinaba ayer un futuro incierto para el sector
de la construcción y para la propia economía de la Isla, «si la
actividad constructiva generó en 2000 una inversión de 235.000
millones de pesetas, las moratorias provocarán que la inversión en
2003 se quedaría reducida a la mitad, es decir en 117.000 millones
de pesetas. Considero que un descenso tan espectacular de la
inversión tendrá un efecto negativo en el desarrollo de la economía
mallorquina y en el PIB. Al mismo tiempo, todos los sectores
relacionados con el sector de la construcción verán mermada su
actividad de forma considerable, afectando con ello a la actividad
laboral y a la propia trayectoria de las empresas».
Gibert, respecto a la superposición de las normas cautelares del
CIM y del Govern, indica que van a limitar de forma considerable
«el número de visados y licencias de viviendas edificables en
Mallorca, que en el comparativo 2001-2003 se sitúan en una
reducción de 6.996 viviendas, casi un 50 por ciento si comparamos
el ejercicio 2001 con el 2003 (ver gráfico adjunto). Esta
paralización de la vivienda incidirá en la propia actividad del
sector, lo cual acentuará su crisis en un clima en donde la
inseguridad jurídica es algo manifiesta». Otro factor que analiza
el estudio son las consecuencias de las moratorias sobre la
utilización del suelo, «que no es motivo de preocupación, sino el
efecto que las normas cautelares van a tener en la escasez de
recursos propios en suelo rústico, suelo unifamiliar urbano y
plurifamiliar urbano. Tampoco descartamos que se produzca cierta
especie de especulación en el precio de la vivienda».
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