El Consell de Mallorca tan sólo ha podido imponer 123 multas por
indisciplina urbanística a pesar de que tiene constancia de la
existencia de más de 30.000 viviendas ilegales diseminadas por el
campo mallorquín. La competencia para controlar el urbanismo ilegal
es de los ayuntamientos, pero pese a ello el Consell también ha
actuado en algunas ocasiones. De hecho, la llegada del Pacte de
Progrés a la institución insular fue un revulsivo a la hora de
actuar en materia de disciplina urbanística. Hasta 1997, tan sólo
se habían impuesto cinco multas por indisciplina urbanística. A
partir de entonces, el número de sanciones comenzó a aumentar. Lo
mismo cabe decirse de los expedientes en materia de disciplina
urbanística iniciados. En 1990, se iniciaron 103 expedientes que
fueron descendiendo progresivamente hasta 1994, año el que sólo se
abrieron 28 expedientes.
En 1995, el número de sanciones llegó a 103 y se ha mantenido
con altibajos hasta los 128 expedientes por disciplina que se
iniciaron durante el año pasado. También resultan significativos
los datos sobre los expedientes en tramitación, que han ido
aumentando progresivamente desde los 29 de 1990 hasta los 268
expedientes que se estaban tramitando el año pasado. En la última
década, el Consell ha iniciado 840 expedientes en materia de
disciplina urbanística. El último dato de interés en materia de
disciplina urbanística es el referido a la cuantía de las multas
impuestas por la institución. El Consell ingresó 673.201 pesetas en
1990 y 4.663.389 pesetas un año más tarde. Hasta 1997 no vuelve a
haber ingresos por sanciones y ese año se recaudaron 8.229.420
pesetas. A partir de entonces, la evolución es espectacular y se
llega a 104'7 millones en 1998; 125'5 millones en 1999 y 77'6
millones en 2000.
En cualquier caso, las intervenciones del Consell en materia de
disciplina urbanística son excepcionales ya que la competencia en
la materia corresponde a los ayuntamientos, que en muchas ocasiones
hacen la vista gorda ante las infracciones que cometen los vecinos
del municipio ante la impopularidad que supone imponer una multa y
obligar a demoler lo construido sin permiso. Esta es la razón que
ha empujado al Consell a anunciar un incremento en los servicios de
disciplina urbanística del Consell. La presidenta de la
institución, Maria Antònia Munar, incluso ha propuesto la creación
de una nueva figura, el Síndic del Territori, que regule las
cuestiones relacionadas con la materia y pueda actuar cuando quede
probado que los alcaldes o los servicios de urbanismo de los
ayuntamientos hacen dejación de sus funciones.
El resto de partidos del Pacte no se ha pronunciado oficialmente
sobre la propuesta de creación de esta nueva figura que estaría
ocupada por una persona independiente de reconocido prestigio
profesional, según la propuesta lanzada públicamente por la
presidenta de la institución. Una de las funciones de este Síndic
sería analizar qué se hace con las 30.000 viviendas ilegales que
hay construidas por todo el territorio mallorquín, la mayor parte
en parcelas que no cumplen los metros mínimos establecidos por el
Consell de Mallorca para poder ser urbanizadas.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.