El presidente de la Associació per a la Defensa del Llevant de
Mallorca, Mariano Servera, pidió ayer «responsabilidades políticas»
dentro de la Conselleria de Medi Ambient por la que calificó
«negligente actitud» ante la polémica de los pozos.
El Plan Hidrológico Nacional incluye, en una disposición
transitoria, la obligación de todos los propietarios de pozos
anteriores a 1985 de incluirlos en el Catálogo de Aguas Privadas.
Este requisito afecta a unos 20.000 pozos de las Islas y no se hizo
público hasta que lo publicó este diario.
Desde la Conselleria se argumentó que ya habían avisado a los
propietarios «pero lo cierto es que hace dos semanas apenas se
habían tramitado 100 solicitudes» según Servera.
Para el presidente de la asociación «debería haber consecuencias
políticas» dentro del Govern porque, aunque es cierto que el plan
hidrológico es una normativa estatal, «las competencias en recursos
hídricos están transferidas a la comunidad».
En este sentido Servera recordó que el director general de
Recursos Hídrics, Antonio Rodríguez, no comunicó nada a los
propietarios hasta hace quince días y que el plazo acaba el próximo
26 de octubre. «Ya sólo quedan ocho días hábiles para que se cumpla
el plazo y a partir de entonces todos aquellos que no quieran
perder los derechos de explotación tendrán que tramitar la
solicitud como si fuera un pozo de nueva creación y pagar cerca de
300.000 pesetas», señaló.
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