La Asociación de Vecinos Baluarte del Príncipe celebró el pasado
jueves una asamblea para ver la situación actual de las
negociaciones dentro del proceso de expropiación iniciado por Cort.
A pesar de no estar previsto en el orden del día, se analizó la
situación creada tras la sentencia de la Audiencia Nacional que
reconoce la validez del convenio firmado entre el Ministerio de
Defensa y Cort.
Sobre este punto, el presidente de la asociación, Ginés Ayala,
señaló que «en el cuerpo de la sentencia se matiza de manera muy
clara la obligación que tienen las distintas instituciones de
ejecutar todo lo estipulado en dicho convenio, como por ejemplo, el
punto que obliga a Cort a subrogarse todas las obligaciones que
tiene el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
(Invifas) con los usuarios», dijo, e hizo referencia al derecho «al
uso vitalicio» y al derecho «de opción de compra de las viviendas
al 50% de su valor de tasación por el Banco de España», añadió.
Ayala recordó que lo más significativo de las reuniones
mantenidas con Cort hasta ahora es «la no llegada a acuerdos en
cuanto a la subida de las indemnizaciones», indicó, y señaló que
las mismas deberían alcanzar «las cantidades estipulas por fórmulas
homologadas y consensuadas con agentes de la propiedad inmobiliaria
de reconocido prestigio», afirmó. Ayala indicó que desde el
comienzo de las negociaciones «se estudió la posibilidad de
construir unas viviendas en el solar propiedad del Invifas en el
Polígon de Llevant. Dicha opción fue tomando cuerpo a través de
posteriores contactos con Cort, aunque el Consistorio aún no ha
formalizado su posición respecto a este punto», prosiguió.
Ayala señaló que la oferta que recibió la asociación el 5 de
octubre hace referencia a 77 viviendas, «27 de ellas en sa
Calatrava y sa Gerreria, de protección oficial, con opción de
compra o alquiler. Las 50 restantes no son de protección oficial,
sus superficies oscilan entre los 40 y los 102 metros cuadrados, y
solamente son con opción de compra y a precio de mercado, lo cual
no entra en la norma estipulada como realojo en un proceso de
expropiación», resumió. Dicha oferta no fue aceptada por la mayoría
de la asamblea.
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