Balears pondrá en marcha un proyecto piloto para la aplicación de
la medida judicial de convivencia, prevista en la ley del menor, a
través de la cual se pretende crear una red de personas, familias y
grupos educativos que estén dispuestos a convivir con menores
'problemáticos' y hacer de modelos de conductas sociales y
afectivas.
Estas medidas de convivencia están dirigidas a menores, de entre
14 y 16 años, que han cometido su primer delito. Se parte de la
base en la que el menor es infractor y por tanto, está sujeto a una
medida judicial que, presumiblemente, está condicionada por su
propio entorno familiar y dentro de un contexto de factores
negativos.
La idea, tal y como explicó la consellera de Benestar Social,
Fernanda Caro y la directora general de Menors, Aina Rado, es
«garantizar al menor una atención global y personalizada en un
contexto familiar socializador y normalizador» y «ayudar al menor a
preparar su vida de forma independiente bien dentro de un contexto
de emancipación o bien frente a un posible retorno familiar cuando
acaba el período de aplicación de la medida impuesta
judicialmente».
«Estamos hablando de menores conflictivos que hayan cometido un
delito, pero sin violencia», apuntó Caro y anunció que «para poner
en marcha este proyecto piloto, el primero que se aplicará en el
Estado Español contamos con el apoyo de la Fiscalía de Menores y
con el estamento judicial», dijo la consellera.
La actividad de la medida se concretará en un proyecto educativo
individualizado, «según decida el juez que atienda cada uno de los
casos», dijo Rado, siempre en base al proyecto que elaborará el
educador del equipo de medio abierto (EMO) que será el responsable
de la ejecución de esta medida.
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