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La aprobación de la ley de consells fue uno de los logros más significativos llevados a cabo por el Govern del Pacte de Progrés, en cuanto supone materializar algunas de las reivindicaciones más antiguas de Menorca y las Pitiüses, que se sentían discriminadas por Mallorca de forma secular. Estamos ante un importante cambio de modelo de autogobierno. Al ceder el Govern parte de sus competencias a los tres consells insulares, la autonomía se hace más próxima a los ciudadanos.

Pero se trata de un proceso no cerrado. Cabe avanzar en el desarrollo de una estructura de la Administración pública "estatal, autonómica, insular y municipal" lo más eficiente posible y con una clara distribución de competencias. Desgraciadamente, la teoría no se corresponde con la realidad y de unos años a esta parte se ha disparado el gasto en las administraciones públicas, cada vez con más políticos y funcionarios a los que pagar con los impuestos de los ciudadanos.

La necesidad de intentar remediar esta caótica situación no debe impedir, sin embargo, que se dote a los consells de una adecuada financiación, pero siempre que no se permita una inadmisible duplicación burocrática. La nueva ley de financiación de los consells, que debe garantizar la autonomía y la «suficiencia financiera» de las instituciones insulares y que es innovadora en nuestro país "ya que se ha basado en fórmulas existentes en Gran Bretaña, países nórdicos y Australia" supone un importante paso hacia adelante: contempla la población flotante de cada isla, el aumento anual del presupuesto se establece teniendo en cuenta el IPC y el PIB, y se presta especial atención a la doble insularidad que padece Formentera.

Era hora, verdaderamente, de establecer un modelo de financiación, auténticamente solidario, acorde con la realidad pluriinsular de esta Comunitat. Sólo así se puede garantizar que cada gobierno insular asuma y resuelva los problemas que afectan a cada una de las islas.