Antoni Monserrat, magistrado instructor de la Sala Civil y Penal
del Tribunal Superior de Justicia, ha citado a declarar como
testigo al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en relación al
«caso Formentera». Montoro, que fue máximo responsable político del
Instituto Nacional de Estadística y del Censo Electoral durante la
pasada legislatura, declarará por escrito tal y como le permite su
condición de ministro. Según la acusación, el ex presidente del
Govern, Jaume Matas, habría solicitado al antes secretario de
Estado de Economía, que no obstaculizara la inscripción de
argentinos en el censo de Formentera durante las pasadas elecciones
autonómicas.
Antoni Monserrat ha citado también a siete imputados: Bartomeu
Mora, responsable de las relaciones con los emigrantes en la
Conselleria de Presidència; Antoni Pastor, ex director general de
Joventut y actual diputado del PP; Carlos Gutiérrez, ex secretario
de la Conselleria d'Agricultura en tiempos de Cardona como
conseller; Rosa Grijalba, ex directora general de Promoció
Industrial; Àngel Gallego y Joan Fortuny, jefe de servicio y
técnico, respectivamente, de Promoció Industrial y, finalmente, a
Maria de la Pau Segura, autora, junto con su padre, Miquel Segura,
de los informes que han dado nombre a la supuesta «operación
Mapau».
El magistrado instructor también ha citado para el próximo 9 de
noviembre a la ex secretaria de Jaume Matas, cuando era presidente
del Govern, Francesca Pascual, y a doce testigos más, entre los que
destaca la ex secretaria general técnica de la Conselleria de
Presidència, la diputada Mabel Cabrer. Todos deberán acudir al
Tribunal Superior entre el 9 y el 20 de noviembre. Entre las
diligencias decididas por Antoni Monserrat figura también una
comisión rogatoria en Argentina a fin de que declaren la presidenta
de la Casa Balear en Santa Fe, Paulina Riera Kunte, y también Inés
Saprizia. Riera Kunte tenía unas relaciones muy fluidas con el
Govern Matas y del centro balear de Santa Fe provinieron la mayoría
de las inscripciones supuestamente irregulares en el censo.
Otros acuerdos del magistrado instructor son la petición de
informes al Govern balear sobre la denominada «Operación Añoranza»,
en base a la cual cada año viajaban a Balears un grupo de
emigrantes en un programa financiado por Presidència. También
quiere el TSJB información sobre las inscripciones de los
emigrantes argentinos de la Junta Electoral de Balears. Finalmente,
ha requerido informes a los cónsules de España en Rosario y Santa
Fe.
Los presuntos delitos que ha investigado durante dos años el
juez de Instrucción número 2 de Eivissa, José Espinosa, son los de
fraude electoral. El caso pasó desde Eivissa a Palma cuando la
Fiscalía de Balears imputó a los diputados autonómicos del PP
Pastor y Cardona. Cardona, que todavía no ha sido citado por
Monserrat, fue responsable, como exconseller d'Agricultura, de
l'Institut Balear de Desenvolupament Industrial, organismo del cual
provienen los contratos supuestamente irregulares de algunos
emigrantes y de la propia Maria de la Pau Segura. El abogado de la
defensa, Rafael Perera, manifestó ayer que «pese a que pienso que
esta causa debería archivarse por no existir ninguno de los delitos
que son objeto de acusación, encuentro muy acertado el acuerdo del
magistrado instructor de profundizar en la investigación citando a
numerosas personas, entre ellas un ministro».
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