P. Candia15/12/01 0:00
TW
0

El decano del Colegio de Abogados de Balears, Lorenzo Ros, pronosticó ayer el «fracaso» del proceso de transferencias de las competencias sobre Justicia de Balears «si éstas no están bien dotadas económicamente», precisó en el discurso que pronunció al inaugurar la nueva sede colegial, en la calle Ducs de Palma de la capital balear. También reivindicó exámenes de ingreso a la profesión «para asegurar la formación del letrado» y pidió que, «en cumplimiento del Pacto por la Justicia se dé una rápida solución al tema». En su parlamento, pronunciado durante el acto que presidió el jefe del Ejecutivo balear, Francesc Antich, y al que asistió como invitado el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, el decano realizó una semblanza histórica de las diferentes sedes colegiales.

A la inauguración asistieron además los presidentes de Parlament, Maximilià Morales; del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar; el rector de la Universitat, Llorenc Huguet; el fiscal jefe de Balears, Antonio de Vicente Tutor y el ex presidente del Congreso de los Diputados, Félix Pons. En un salón de actos abarrotado de colegiados, el presidente Francesc Antich advirtió que la abogacía «no puede perder de vista su papel fundamental de servicio público universal» y señaló que, históricamente, los conceptos: «cumplir la ley y hacer justicia no van unidos».

«A veces la ley es injusta con los más débiles y desfavorecidos de nuestra sociedad», dijo Antich y abogó por «profesionales que conozcan a fondo nuestro derecho y que contribuyan decisivamente a mejorar la Administración de Justicia». El presidente del Consejo General de la Abogacía se congratuló en su intervención de la ausencia de crisis en una profesión que «desde hace más de 20 siglos viene realizando la misma función: informar jurídicamente a las personas, gestionar, mediar, y defender cuando la cuestión es sólo resoluble a través del imperio jurisdiccional».

La sede del Colegio de Abogados, que cuenta con 2.500 colegiados, ocupa 5.000 metros cuadrados de un edificio de tres plantas en las que se distribuyen las oficinas, biblioteca cafetería y salón de actos además de un espacio previsto para la instalación de la escuela de Práctica Jurídica. El coste estimado de la obra superó los 700 millones de pesetas.