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«Una pareja de hecho en Balears ha dejado de serlo y ya esa unión es de pleno derecho, como mandan los cánones, es decir, con idénticos deberes que la ancestral institución del matrimonio», declaró a este diario el notario Gonzalo López-Fondo, al comentar algunos de los aspectos más novedosos de la Ley de Parejas Estables de les Illes Balears aprobada el pasado 10 de diciembre por el Parlament. «En el estado de Nueva York, por ejemplo, está regulado el 'matrimonio privado', que se verifica sin jueces ni alcaldes, y que se basa en la simple firma de un contrato. Pues bien, las parejas de hecho también estarán jurídicamente reguladas de una manera análoga», añadió.

En general, la mayoría de notarios y abogados se mostró reacio a opinar sobre la nueva ley de parejas de hecho debido a que desconocen el contenido de su texto. No obstante, dejaron claro que la ley recoge, entre otros aspectos, el contenido de la relación de la pareja, el régimen económico, los derechos y deberes, la extinción de la pareja estable, la guarda y régimen de visitas de los hijos o el régimen sucesorio. «El objetivo es regular el régimen jurídico de las uniones de dos personas "heterosexuales u homosexuales" que convivan de manera libre y pública en una relación de afectividad análoga a la conyugal», explicó López-Fondo.

La extinción de la pareja está regulada y tendrá sus propios mecanismos de control. Si uno de los dos decide romper el vínculo afectivo, «bastará que acuda al registro para anular la inscripción en el libro de registro», dijo a este diario la directora general de Menores, Aina Rado. «A partir de ahí, como ocurre en toda institución matrimonial, será el juez el que decida cómo o bajo qué condiciones se verificará la ruptura», añadió.

Por ahora, sólo falta por regular el régimen fiscal que tendrán las parejas de hecho en Balears, ya que la disposición final segunda de la ley señala que será la Comunitat Autònoma la que se pronunciará al respecto. Como se sabe, no será necesario un período previo de convivencia previa de un año, como solicitaba el PP, para que una pareja estable queda inscrita como tal en el registro.