Rara vez en este país se ponen de acuerdo los grupos políticos
que detentan el poder y los que ejercen la oposición, aunque lo que
esté en juego sean intereses generales de la ciudadanía. Acaba de
ocurrir en el Parlament y ha sido para prorrogar durante cinco años
más la moratoria de construcción de grandes superficies, que
caducaba en enero próximo. Una decisión que fue, además, acogida
con aplausos por parte de sus señorías. Algo que pone de manifiesto
que, algunas veces, los políticos también saben ponerse de acuerdo
y salvar sus diferencias ideológicas para defender los intereses de
los ciudadanos.
Porque hoy en día nadie duda de que en las Islas estamos
suficientemente servidos en cuanto a grandes superficies
comerciales se refiere y, también, de la necesidad de proteger de
alguna forma al pequeño comercio tradicional, incapaz de competir
con las grandes firmas multinacionales.
Sin embargo, como apuntó ayer el vicepresident Sampol después de
felicitarse por el consenso logrado, a partir de ahora les tocará a
los pequeños comerciantes adaptarse a las necesidades de los
consumidores actuales, que demandan más tiempo de apertura "los
sábados, por ejemplo, y algunos festivos autorizados", y nuevos
modos de atender a la clientela.
Pues en una sociedad como la nuestra todo un sector no puede
pretender sobrevivir a base de conseguir una protección
institucional que le libere de la competencia de los más
fuertes.
Quedan, pese a todo, algunas asignaturas pendientes para el
sector, pues la Ley de Comercio que regulaba sus derechos y
obligaciones, aprobada en el Parlament balear, fue posteriormente
recurrida por el Gobierno de José María Aznar ante el Tribunal
Constitucional y ahí se encuentra todavía.
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