El conseller d'Educació i Cultura, Damià Pons, anunció ayer que se
ha creado una comisión de trabajo formada por expertos jurídicos
del departamento, la Conselleria de Presidència y la Universitat de
les Illes Balears (UIB) para estudiar la elaboración de un recurso
de inconstitucionalidad contra la Ley de Universidades (LOU).
Acompañado del director general de Universitat, Martí Marc, Pons
reiteró que la oposición de Balears a la LOU se basa en que ha sido
redactada de manera «unilateral», que impone a las universidades
«obligaciones» sin que se les inyecte más financiación y que «no
sólo no adecúa al futuro, sino que da un considerable paso atrás en
el presente», dijo Marc.
A partir de la aprobación de esta ley, tanto el Govern balear
como la Universitat de les Illes Balears intentarán poner en marcha
todas las medidas necesarias para «minimizar los efectos negativos
de esta ley», siempre desde el diálogo y el consenso, «no como ha
hecho la ministra de Educación y Cultura, Pilar del Castillo», dijo
Marc. Asimismo, avanzó que de manera conjunta con universidades de
otras comunidades autónomas se analizará la posibilidad de adaptar
a la nueva ley el Consell Social, así como otros aspectos del
funcionamiento de estas instituciones a fin de que la adaptación a
la reforma «sea natural, no traumática».
El rector de la Universitat de les Illes balears (UIB), Llorenç
Huguet, confirmó que la institución que él representa asesorará al
Govern en la presentación del recurso de inconstitucionalidad y
matizó que «la UIB aceptará la Ley de Universidades, aunque
intentaremos minimizar, al máximo su impacto». Llorenç Huguet
presentó ayer el presupuesto de la Universitat de les Illes Balears
(UIB) para 2002. El presupuesto, según explicó Huguet, ha aumentado
un 3 por ciento con respecto al de 2001 y se cifra en 11.000
millones de pesetas (65 millones de euros).
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