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Durante los últimos meses el Gobierno del Partido Popular viene siendo objeto de críticas, algunas procedentes de sectores tradicionalmente afines a él, basadas fundamentalmente en su cerrazón ante el diálogo y en el excesivo uso que hace de su fuerza parlamentaria. Paradójicamente, dichas críticas en lugar de haber conducido al Ejecutivo a una reflexión, parecen haber determinado un mayor empecinamiento en posturas hoy rechazadas por una parte de la sociedad española en la que se incluyen habituales votantes de los conservadores. La imagen de un Aznar en posesión de la verdad absoluta que no rectifica ni ante el hecho consumado, no está ni mucho menos beneficiando a un Gobierno que, ahora más que nunca, precisa de credibilidad y aceptación ante los tiempos difíciles que se avecinan. Baste con remitir al acontecimiento más reciente, el plante parlamentario registrado en la sesión que trataba de los Presupuestos para el 2002, para calibrar la falta de diálogo que hoy existe entre las fuerzas políticas del país. Y, en este sentido, hay que decir que se comprende "por más que nos parezca lamentable" la actitud de los diputados de izquierdas que se negaron a votar. Obviamente no se puede, como pretende el Gobierno, reconocer un menor crecimiento económico y a la vez mantener la previsión de gastos e ingresos. Y sobre todo, no es posible hacerlo sin facilitar suficientes explicaciones. Y ello ocurre después de episodios como el del viaje del líder de la oposición a Marruecos, tras el cual el Gobierno se ha manifestado con auténtica falta de respeto "mofas incluidas" a quien dirige el segundo partido político más importante de España y que, consecuentemente, representa a millones de ciudadanos. Y, finalmente, en una decisión difícil de comprender, nos encontramos con esa velada amenaza de Aznar, en orden a privar al PSOE de los dos asientos reservados al Parlamento español en la convención que debatirá el próximo semestre el futuro de la UE. Indiscutiblemente, por ese camino no se puede seguir.