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El Consell Insular de Mallorca aprobó anteayer, en un segundo intento, las tarifas de incineración del año próximo, que han aumentado un 11 por ciento en relación a 2001. El gobierno de la institución presidida por Munar tuvo que recurrir al último día del año para poder aprobar las tarifas, que no pudieron votarse hace unas semanas por la falta de mayoría política suficiente. De hecho, el pleno celebrado el lunes tuvo que retrasarse unos minutos para que estuviesen presentes en el salón de plenos del Consell todos los consellers de los grupos que apoyan al gobierno, y así aprobar las tarifas, que no contaron con el apoyo del PP.

«Nos oponemos a aprobar esta tarifa porque no está regulada de forma adecuada y porque computa elementos que no deberían utilizarse», justificó el conseller del PP Francesc Fiol, quien también cuestionó que el gobierno del Consell no hubiese tenido en cuenta la alegación del Ajuntament d'Andratx en contra de las tarifas aprobadas por el Consell. El acuerdo aprobado el lunes prevé que la tarifa a aplicar será de 55'62 euros (9.255 pesetas) por cada tonelada de basura, más el IVA correspondiente. Esta nueva tarifa será aplicada posteriormente por cada ayuntamiento a los contribuyentes en función de la basura que produzcan. Sin embargo, el PP considera injusto que paguen lo mismo todos los municipios independientemente del trayecto que deben realizar los camiones para trasladar la basura hasta la incineradora de Son Reus.

Asimismo, la alegación presentada por el Ajuntament d'Andratx plantea que el Consell de Mallorca cobre por toda la basura, al margen de que una parte no sea incinerada. Es decir, Andratx cuestiona que la basura que no llega a quemarse también se facture a los ayuntamientos. En relación a este asunto, el Consell ha alegado que tras la aprobación del plan director sectorial para la gestión de los residuos urbanos corresponde a la institución «aprobar una tarifa única para la gestión de los residuos urbanos» y añade que dicha tarifa «será la misma con independencia de la distancia entre el centro productor y el centro de tratamiento e incluirá los costes derivados de la información, vigilancia y controles necesarios para una gestión ambientalmente correcta y adecuada a la legislación vigente en cada momento».

Para el Consell, la alegación del Ajuntament d'Andratx en contra de que se cobre por un servicio que no se presta confunde «los conceptos de tratamiento e incineración». «El precio final de la tarifa única a aplicar es el resultado de incluir y ponderar todas las operaciones a las cuales se someten los residuos», justifica la institución presidida por Munar.