El Consell Insular de Mallorca aprobó anteayer, en un segundo
intento, las tarifas de incineración del año próximo, que han
aumentado un 11 por ciento en relación a 2001. El gobierno de la
institución presidida por Munar tuvo que recurrir al último día del
año para poder aprobar las tarifas, que no pudieron votarse hace
unas semanas por la falta de mayoría política suficiente. De hecho,
el pleno celebrado el lunes tuvo que retrasarse unos minutos para
que estuviesen presentes en el salón de plenos del Consell todos
los consellers de los grupos que apoyan al gobierno, y así aprobar
las tarifas, que no contaron con el apoyo del PP.
«Nos oponemos a aprobar esta tarifa porque no está regulada de
forma adecuada y porque computa elementos que no deberían
utilizarse», justificó el conseller del PP Francesc Fiol, quien
también cuestionó que el gobierno del Consell no hubiese tenido en
cuenta la alegación del Ajuntament d'Andratx en contra de las
tarifas aprobadas por el Consell. El acuerdo aprobado el lunes
prevé que la tarifa a aplicar será de 55'62 euros (9.255 pesetas)
por cada tonelada de basura, más el IVA correspondiente. Esta nueva
tarifa será aplicada posteriormente por cada ayuntamiento a los
contribuyentes en función de la basura que produzcan. Sin embargo,
el PP considera injusto que paguen lo mismo todos los municipios
independientemente del trayecto que deben realizar los camiones
para trasladar la basura hasta la incineradora de Son Reus.
Asimismo, la alegación presentada por el Ajuntament d'Andratx
plantea que el Consell de Mallorca cobre por toda la basura, al
margen de que una parte no sea incinerada. Es decir, Andratx
cuestiona que la basura que no llega a quemarse también se facture
a los ayuntamientos. En relación a este asunto, el Consell ha
alegado que tras la aprobación del plan director sectorial para la
gestión de los residuos urbanos corresponde a la institución
«aprobar una tarifa única para la gestión de los residuos urbanos»
y añade que dicha tarifa «será la misma con independencia de la
distancia entre el centro productor y el centro de tratamiento e
incluirá los costes derivados de la información, vigilancia y
controles necesarios para una gestión ambientalmente correcta y
adecuada a la legislación vigente en cada momento».
Para el Consell, la alegación del Ajuntament d'Andratx en contra
de que se cobre por un servicio que no se presta confunde «los
conceptos de tratamiento e incineración». «El precio final de la
tarifa única a aplicar es el resultado de incluir y ponderar todas
las operaciones a las cuales se someten los residuos», justifica la
institución presidida por Munar.
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