De hecho, uno de estos emigrantes es Francesc Moyà Company,
vicepresidente de la Casa Balear de Buenos Aires, que asegura, a
título personal, en buen mallorquín, que «yo sería el primero en
volver. Esto es una jaula de gatos». Además, Polar, desde Buenos
Aires, asegura que «conozco diversos casos más, como el de un
matrimonio de un mallorquín y una menorquina que, si fuese por él,
ya estarían allá».
Ahora, Riera, desde Santa Fé, asegura que «yo misma quiero
volver, si vendo unas propiedades y puedo comprar otra allí. Ahora,
hay decenas de jóvenes en nuestra casa, la de Santa Fe, que quieren
regresar a las Balears. El problema que tienen es que las empresas
públicas argentinas obligaron a nacionalizarse argentinos a sus
padres y abuelos y, por lo tanto, no han podido conservar la
ciudadanía española y ahora los nietos de ellos, cuando quieren
volver, no saben cómo demostrar que son descendientes de
baleares».
Precisamente, por este motivo, el Consejo de las Comunidades de
las Balears en Argentina, que coordina Joan Marí, hasta hace poco
presidente de la Casa de Buenos Aires, ha pedido al Govern balear
que abra una oficina para atender a los descendientes de isleños
que quieran volver a Balears y que, a causa de las circunstancies
mencionadas, tienen que superar muchos obstáculos hasta demostrar
que son originarios de las Balears. Tanto Polar como Riera
aseguraron que todavía no han recibido ninguna respuesta del Govern
balear.
Así y todo, el Ejecutivo autónomo ha aprobado una ayuda de 10
millones de pesetas para los descendientes de baleares que puedan
demostrar que necesitan ayuda económica para poder sobrevivir.
Ahora, la situación actual ha bloqueado esta ayuda ya que, según el
director de Relacions Institucionals del Govern balear, Antoni
Reynés, «hemos decidido paralizar la ayuda hasta que se aclare la
situación originada por la devaluación del peso argentino (de cerca
de un 40 por ciento)». Además, según afirman Polar y Riera,
«tampoco podemos cobrar la ayuda porque los bancos la paralizarían,
ya que hay una orden que impide sacar más de 110.000 pesetas al
mes».
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