El grupo popular denunció ayer «la incapacidad del Govern» para
resolver todos los problemas económicos que padece Balears y tachó
al president de «poco fiable» al aprovecharse de los sectores
económicos de Balears «para hacerse fotos» tras los atentados del
11 de septiembre. El portavoz del grupo popular, José María
González Ortea, recordó que el paro en Balears ha crecido por
encima de la media nacional, mientras las previsiones de
crecimiento del PIB también son pesimistas.
Asimismo, Ortea lamentó que el endeudamiento del Govern también
sea superior al resto de comunidades autónomas. «Las actuaciones
del Govern en los últimos años han provocado datos negativos en
materia de turismo, como el descenso en la llegada de turistas, en
el número de pernoctaciones y en los ingresos reales del sector»,
acusó el portavoz del grupo popular.
González Ortea aseguró que Antich «no se ha dado cuenta de la
situación económica que vive Balears» y criticó con dureza que el
president «engañase una vez más a los empresarios de las Islas». En
materia turística, el grupo popular aseveró que «nunca en la
historia de Balears se había producido un divorcio tan absoluto
entre los empresarios del sector y los responsables públicos de la
política turística». González Ortea aseguró que el relevo de Lluís
Socías como jefe de gabinete de la Conselleria de Turisme «era algo
cantado» y el presidente del grupo popular reflexionó sobre los
numerosos cambios que se han producido en la cúpula del
departamento que dirige Celestí Alomar.
Por otro lado, González Ortea lamentó la «escabechina» de altos
cargos del anterior Insalud en el nuevo organigrama sanitario que
ha diseñado la consellera de Sanitat, Aina Salom. El PP criticó que
Salom «haya echado a la calle a la mayoría de los directivos del
Insalud» y reprochó que la responsable sanitaria del Govern «no
haya encontrado a las personas que deben ocupar las cinco
direcciones generales tras su remodelación». El grupo popular, que
se reunió ayer para preparar el próximo periodo de sesiones,
cuestionó la inseguridad jurídica en materia urbanística que existe
en Balears.
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