Mónica González15/01/02 0:00
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Carlos Castresana, fiscal anticorrupción, afirmó ayer que el fiscal general del Estado no debería intervenir en el «caso Formentera», ya que «tanto éste como cualquier otro asunto en que esté afectado algún ministro produce para el fiscal general -que es nombrado por el propio Gobierno- un déficit de imparcialidad, por lo que debería hacer legal que se abstuviera y que otros órganos del Ministerio Fiscal resolvieran lo que, en este caso, plantea la Fiscalía balear».

Castresana pronunció en Palma la conferencia «Democracia y división de poderes», en el marco del seminario internacional «Educación, Globalización y Democracia», organizado por el Stei, la Escola de Formació en Mitjans Didàctics y Ensenyants Solidaris. En su ponencia, declaró que «no sólo España sino toda Europa occidental tiene un problema serio de corrupción, que se extiende, además, por los tres poderes del Estado y a todos los niveles, nacional, autonómico o local».

Lo importante, dijo, «es examinar si disponemos de los mecanismos legales y los medios para combatirla eficazmente y determinar qué nivel de corrupción es compatible con el sistema democrático. Porque la sociedad pura no existe y algunos comportamientos delictivos no afectan a las estructuras básicas del sistema, en cambio, otros si se generalizan las socavan».

Reconoció que «hay corrupción judicial y hay una insuficiente respuesta por parte del poder judicial frente a la corrupción propia y la de los otros poderes». Ante el escándalo protagonizado estos días por magistrados, aclaró que «no sé si es un caso de corrupción, en el sentido de que haya mediado dinero».