N. D.17/01/02 0:00
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El vicepresident del Govern, Pere Sampol, anunció ayer a Ultima Hora Radio que su departamento prepara una normativa «antiapagones» similar a la que ya ha sido aprobado por Extremadura, a la que también se sumará el Ejecutivo catalán. Sampol explicó que la normativa todavía está en fase de recogida de información y de estudio, pero prevé que esté finalizada y redactada en un plazo máximo de siete meses. Con esta normativa, el Govern pretende garantizar la calidad del suministro o, lo que es lo mismo, establecer mecanismos para tratar de evitar los apagones no justificados.

Una de las medidas que se incluirán en este texto es el establecimiento de una serie de indemnizaciones a los afectados por los apagones, en caso de que se acredite que fue culpa de la empresa. En el caso de Extremadura, la Junta ya ha fijado que las indemnizaciones serán de hasta tres millones de euros, si el corte de luz dura más de tres minutos y se acredita que la empresa fue responsable.

La norma que prepara el Govern balear, según adelantó Sampol, tendrá como objetivo garantizar el suministro eléctrico e incluso regular las tarifas del sector en aquellos aspectos en que el Govern sea competente. Aunque el Govern se ha sumado a la iniciativa de otras comunidades, en realidad fue pionera a la hora de establecer sanciones económicas a las empresas eléctricas debido a apagones injustificados. El apagón sucedido el 15 de junio de 2002 en la Isla duró varios días debido a una concatenación de fallos en los equipos de suministro. En aquella ocasión, el expediente abierto por el Govern se saldó con una multa de 100 millones de pesetas a la empresa GESA.

La empresa presentó un contencioso administrativo contra esta decisión, pero previamente desembolsó los 100 millones de pesetas de multa. El Govern consideró que la empresa era responsable debido al deficiente mantenimiento de las instalaciones.