El Consell Superior d'Acció Social (CSAS) de les Illes Balears
comenzó ayer a discutir el borrador de la Llei de Serveis Socials,
elaborado por la Conselleria de Benestar Social. La consellera
Fernanda Caro reconoció que la intención del Ejecutivo es aprobar
esta ley que regularizará todo el sistema de prestaciones sociales
de la Comunitat en el mes de abril.
El borrador de la ley presenta como objetivos fundamentales la
extensión homogénea de los servicios sociales del Archipiélago, la
promoción e inserción social de las personas y la coordinación y
colaboración entre los diversos subsistemas que inciden en el
bienestar social, tales como la vivienda, la sanidad o la
educación. La ley reconoce los derechos de los usuarios a acceder a
las prestaciones y servicios, a la información, al tratamiento
personalizado y a la participación.
El nuevo marco legal substituirá a la actual Llei d'Acció
Social, publicada en 1987, que, según Caro, «se ha quedado bastante
desfasada tanto para la actual realidad administrativa como social
y que, además, no tuvo ningún desarrollo normativo, por lo que era
un compromiso del Pacte el realizar una ley de servicios sociales».
Así, añadió, «el plan es, a partir de ahora, abrir un proceso
público de debate de este borrador, antes de su aprobación, primero
dándolo a conocer al Consell Superior, para pasarlo después a los
diferentes foros sectoriales y a la mesa de diálogo social».
La responsable autonómica explicó que el CSAS es un órgano de
consulta y de participación social, compuesto por las
administraciones públicas, asociaciones y entidades del sector, si
bien hasta hoy sólo se había reunido una única vez, en el momento
de su creación en el año 1997.
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