La moratoria del Consell incidirá además en suelo rústico para contener la construcción.

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Los representantes del Govern y del Consell alcanzaron ayer un principio de acuerdo sobre las moratorias que pasa por la refundición en una sola de las dos normas territoriales aprobadas el pasado verano por ambas administraciones. El acuerdo satisface a todos los partidos firmantes del Pacte a excepción de EU-EV, que considera insuficiente los términos del principio de acuerdo. De hecho, los representantes de la formación de izquierdas no ocultan su malestar por una negociación de la que no se han sentido partícipes. De hecho, la discusión se ha centrado básicamente en UM y el PSIB, con cierta participación del PSM. A pesar de este notable malestar, los miembros de esta formación política están dispuestos a apoyar aquellas iniciativas que supongan mayor protección del territorio.

A pesar de que el mutismo era ayer absoluto y ninguno de los participantes en la negociación quiso explicar los términos del acuerdo, las fuentes consultadas señalaron ayer que la refundición de ambas moratorias lleva consigo la modificación de la norma territorial aprobada por el Consell. Esta modificación, que será ratificada en el pleno de día 22, incluirá restricciones en suelo rústico, algo a lo que en principio se negaba UM, y a cambio levantará las restricciones en los municipios del interior de la Isla, donde la presión urbanística no es comparable a la que se da en las zonas costeras.

A cambio de estas modificaciones, el Govern se compromete a dejar en vía muerta la moratoria que aprobó el pasado 3 de agosto, y que afectaba tanto a suelo rústico como urbano. Las fuentes consultadas aseguraron además que la reforma de las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) correría el mismo camino que la moratoria del Govern, aunque con un importante salvedad referida a los cupos. UM estaría dispuesta a apoyar una ley en el Parlament para fijar una periodificación en la concesión de licencias a cambio de esta renuncia del Govern a la reforma de las DOT. El establecimiento de los cupos de licencias debe regularse a través de una ley del Parlament, según dejó claro el Consell Consultiu tras analizar la legalidad o no de los cupos que fijó el Ajuntament de Calvià.

Otras fuentes señalaron, sin embargo, que la reforma de las DOT se mantendría, aunque sólo en aspectos muy parciales y básicamente con el único objetivo de 'salvar' los cupos de licencias. En cualquier caso, todo apunta a que no habrá finalmente una reforma de las DOT. Este es uno de los aspectos que ha molestado especialmente a EU-EV, coalición que recuerda que el contenido programático del Pacte firmado en 1999, establece de forma taxativa una reforma de las Directrices de Ordenación del Territorio que limiten los niveles de construcción que permiten las actuales, aprobadas por el ex president Jaume Matas.

Durante todo el día de ayer se sucedieron las reuniones entre los representantes del Govern y del Consell y por la noche se seguía trabajando en la redacción del borrador definitivo. La Presidencia de EU, partido que no ha participado en las negociaciones, también se reunió en la tarde de ayer para estudiar la situación. Oficialmente no hubo declaraciones tras la reunión, pero ningún miembro de la coalición estará hoy por la mañana cuando, presumiblemente, se anuncie el acuerdo entre los representantes del Govern y del Consell de Mallorca.

El GOB pide protección en el área metropolitana de Palma
El grupo ecologista GOB envió ayer un comunicado en el que pide a los representantes de las diversas instituciones que no levanten la moratoria en los municipios del área metropolitana de Palma. El GOB está de acuerdo en que las medidas cautelares no afecten a las localidades del interior de la Isla, pero precisa que los municipios que rodean a Palma experimentan un crecimiento muy importante que hace imprescindible que se mantenga la suspensión. Más allá de las propuestas que se puedan hacer para mejorar la moratoria, para el GOB es fundamental que ésta incluya los cupos de licencias por municipio y año. «Se trata de fijar un máximo de plazas residenciales que cada año se podrán autorizar», señala.