La magistrada-juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo
número 1 de Palma, Carmen Figrola Castillón, ha ordenado denegar
«la petición de suspensión cautelar» solicitada por el Ajuntament
de Palma contra unas sanciones impuestas por la Direcció General de
Consum, de la Conselleria de Salut i Consum del Govern, que supone
el pago de una multa de 24'5 millones de pesetas (147.247 euros)
por faltas en la utilización de la tarjeta ciudadana.
Las sanciones fueron impuestas por Consum, en junio de 2001,
sobre faltas consideradas como muy graves, basándose principalmente
en la que se considera vulneración de los derechos de los
consumidores y usuarios del transporte público. En septiembre de
2001 Cort decidió presentar un recurso de alzada contra la
resolución de la Direcció General de Consum.
Gabriel Payeras, Secretario General Técnico de la Conselleria de
Salut i Consum, califica el auto de la juez como una muestra de que
«cuando se resolvió imponer las sanciones era de forma justificada
y no por capricho», si bien recuerda que el auto se especifica que
el Ajuntament puede interponer un recurso de apelación ante la Sala
de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Balears
(TSJB) contando con un plazo de quince días desde la notificación
del acuerdo.
La juez especifica, en el texto del auto, que «como es sabido la
ejecución de sanciones pecuniarias no produce por regla general
perjuicios de difícil reparación ya que su cuantificación comporta
una clara certeza, que en caso de prosperar el recurso, permite sin
mayor dificultades su devolución al sancionado» y recuerda Cort
argumentaba, para pedir la suspensión cautelar del pago de la
sanción, «un documento expedido por la intervención que acredita
que este ayuntamiento ya ha dispuesto su totalidad del remanente de
Tesorería positivo para el ejercicio de 2000 y que para pagarse la
multa habría que habilitarse partida adecuada», es decir, que alegó
no tener dinero para pagar la sanción.
El presidente de la EMT confía en que se llegará a un
acuerdo final con el Govern
El presidente de la EMT, Pedro Àlvarez, señaló ayer que el
Ajuntament de Palma recurrirá esta sentencia, si bien añadió que
consideraba que se trataría sólo de un trámite puramente
administrativo. «Todo el proceso podría durar aún dos años más y lo
más probable es que se llegue a una solución o acuerdo con la
Comunitat Autònoma y que el expediente se acabe cerrando», destacó.
Àlvarez indicó que «la tarjeta ciudadana ha sido un éxito rotundo,
y ahora están interesados por la misma otros municipios y el propio
Govern», añadió, y recordó que la tarjeta cuenta en la actualidad
con unos 150.000 usuarios y que gracias a los trasbordos gratuitos
los ciudadanos se ahorraron en 2001 un total de 1'8 millones de
euros (300 millones de pesetas). «Los ciudadanos no podrían
entender que un servicio que ha aumentado el número de pasajeros,
ha bajado el precio de las tarifas y ha fomentado el uso del
transporte público fuese sancionado», concluyó.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.