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La Plataforma para la Democracia y la Globalización Social de Balears instó ayer a todos los ciudadanos a participar en la manifestación que se celebrará mañana, a las 12.00 horas, frente a la Delegación del Gobierno en contra de la Ley de Extranjería, al cumplirse el pasado día 23 su primer año de vigencia. A lo largo de estos doce meses, «la Ley Orgánica 8/2000 se ha mostrado como una norma agresiva y agresora de los derechos humanos, que ha propiciado más actuaciones policiales y represoras que medidas para la integración de los inmigrantes», lamentó Pep Juárez, uno de los integrantes de la Plataforma.

A modo de ejemplo, se señaló la expulsión de unos cuarenta inmigrantes en Almería hace unos días o la reciente redada de la policía en Palma contra inmigrantes ecuatorianos que suelen reunirse en una plaza cerca del cuartel de la Guardia Civil. Otra consecuencia negativa de la ley, explicó Jaime Zambrano, es la «persecución a que se han visto sometidos los inmigrantes colombianos que viven aquí, ya que en virtud de la llamada 'Operación Ludenco' son todos sospechosos de ser delincuentes y la policía tiene carta blanca para parar a cualquiera de ellos por la calle».

Desde la Plataforma se denunció, además, el «colapso» que sufre desde hace meses la Oficina de Extranjería de la Delegación del Gobierno, «donde se acumulan los expedientes, que en algunos casos tardan año y medio en resolverse, sin que desde el Ejecutivo central se haya hecho nada para dotar de más personal y agilizar los trámites». Por eso, según Antonio Vázquez, «la Administración es cómplice o está promoviendo la irregularidad en el mercado laboral, ya que mientras la demanda laboral existe, sobre todo en los sectores agrario, de la hostelería y la construcción, los permisos no llegan y los empresarios se ven obligados a tener trabajadores ilegales, incluso dentro de empresas contratadas por el Govern».

Para Josep Suárez, «la ley está favoreciendo también la existencia de un mercado negro y de mafias, que con otra ley más permisiva no tendrían negocio que hacer con los inmigrantes». Por todo ello, la Plataforma realizará mañana una llamada a la insumisión a la ley por parte de todas las organizaciones sociales, políticas e institucionales de las Islas. Exigirán, asimismo, su derogación inmediata y propondrán a todos los agentes sociales la asunción del hecho migratorio como un fenómeno estructural y normalizado de todas las sociedades.