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La Junta General de Jueces de Palma pintó ayer un panorama sombrío de la Administración de Justicia de Balears y en una de sus conclusiones pronosticó «un colapso aún mayor» de los tribunales derivada de la actual recesión económica. Los jueces de distintas instancias insistieron en que la Justicia «funciona mal» en las Islas, y reivindicaron «más tiempo» para dictar sentencias y un aumento de medios humanos y técnicos para agilizar las resoluciones de las causas que se agolpan en los Juzgados. Un total de 32 jueces de 45 citados a la junta por el juez decano de Palma, Pere Barceló, apoyaron la redacción de un acta con las conclusiones que en los próximos días trasladarán al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Según los cálculos de los miembros de la judicatura balear, en los Juzgados permanecen sin resolver entre 20.000 y 30.000 asuntos debido a la «falta de medios» para hacerles frente. «El ciudadano tiene la impresión de que la Justicia no es rápida ni efectiva, y los jueces sabemos que estamos desbordados de trabajo, que nos falta serenidad para poner sentencias y tiempo para formarnos en determinadas cuestiones», explicó Barceló en el transcurso de una rueda de prensa celebrada en la sede judicial de «sa Gerreria».

Añadió que una de las causas de la saturación en los Juzgados es que la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) ha implantado «con muy buen criterio», dijo, había implantado de manera obligatoria el principio de inmediación que exige a los jueces practicar personalmente las pruebas y hacer los juicios. «El juez tiene una capacidad horaria limitada, como cualquier ser humano, y se pasa varias mañanas en las salas de audiencia haciendo juicios, y cuando no, atiende otras cuestiones o se lleva a casa sentencias», explicó. «Hay más demandas que las que un Juzgado puede tramitar. Y los juicios se van dilatando, más ahora, cuando se espera una crisis económica que conllevará que haya más casos en los Juzgados», precisó.

Según Barceló, a los jueces les exigen dictar unas 600 sentencias al año, según el sistema de módulos habilitado por el CGPJ para controlar el trabajo de los jueces, y que en muchas ocasiones «es imposible alcanzar esa cifra porque hay casos mucho más complejos que otros», subrayó. Barceló calificó de «muy necesario» habilitar nuevos partidos judiciales en varias localidades de Mallorca, especialmente en Calvià, así como nuevos Juzgados de Primera Instancia, de lo Penal, Familia y Social. Abogó por los Juzgados de distrito y los juicios rápidos, y admitió que con la entrada en vigor de la LEC, «hemos mejorado algo, pero no lo suficiente y sigue habiendo dificultades», precisó el juez decano.