Los vehículos de alquiler estacionados en suelo urbanizable
programado no incumplen el artículo 77.b de la Ordenanza Municipal
de Circulación y, por tanto, la Policía Local del Ajuntament de
Palma no puede interponer multas a las empresas propietarias.
Los vehículos sancionados se encontraban estacionados en una
explanada de la calle Marbella, provisionalmente habilitada como
espacio de estacionamiento, hasta que fuesen ejecutadas y recibidas
las obras de servicio correspondiente a la Junta de Compensación de
la Ribera. Esos terrenos, por tanto, no eran o no se podían
conceptuar como vía pública. Tres sentencias dictadas por la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justícia
de Balears (TSJB), de las que fue ponente Gabriel Fiol i Gomila,
dan la razón al «rent a car» Unión Rent SA de la Platja de Palma y,
por tanto, deja sin efecto un total de 568 multas por la presunta
infracción a la Ordenanza Municipal de Circulación.
La sentencia recoge abundante jurisprudencia, incluido un fallo
del Tribunal Supremo del 1 de febrero de 2001, y se centra en el
boletín de denuncia, las alegaciones a las que tiene derecho el
sancionado y a la notificación. En estos aspectos, la sentencia del
TSJB emplea el término «ficción jurídica» para referirse a la
«unidad jurídica a la que recurre el ordenamiento jurídico en
ocasiones muy diversas para solucionar problemas, también muy
diferentes, que de otra manera no podrían resolverse».
Como ejemplo, la sentencia menciona «actos y contratos
celebrados en buques y aeronaves durante la navegación», «hijos
adoptivos del mismo cuerpo legal, ejemplos ambos de lo que los
postglosadores, en el siglo XIV, llamaban ficciones traslativas o
extensivas, pues lo que existe de una determinada manera se
considera 'como si' hubiera ocurrido de otro modo distinto».
Con respecto al estacionamiento masivo de vehículos de alquiler
en suelo rústico o protegido, el fiscal Adrián Salazar sigue
estudiando la denuncia interpuesta por el GOB, que acusa a las
empresas de «rent a car» de un supuesto delito ecológico. El
Ajuntament de Palma sigue con atención ese tema, ya que tras
aprobar el pasado año la nueva ordenanza municipal, impide que los
vehículos de alquiler puedan aparcar en vía pública. En temporada
alta circulan por las Islas alrededor de 50.000 coches de
alquiler.
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