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P. CANDIA / J. M. AGUILÓ Los vehículos de alquiler estacionados en suelo urbanizable programado no incumplen el artículo 77.b de la Ordenanza Municipal de Circulación y, por tanto, la Policía Local del Ajuntament de Palma no puede interponer multas a las empresas propietarias.

Los vehículos sancionados se encontraban estacionados en una explanada de la calle Marbella, provisionalmente habilitada como espacio de estacionamiento, hasta que fuesen ejecutadas y recibidas las obras de servicio correspondiente a la Junta de Compensación de la Ribera. Esos terrenos, por tanto, no eran o no se podían conceptuar como vía pública. Tres sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJB), de las que fue ponente Gabriel Fiol i Gomila, dan la razón al «rent a car» Unión Rent SA de la Platja de Palma y, por tanto, deja sin efecto un total de 568 multas por la presunta infracción a la Ordenanza Municipal de Circulación.

La sentencia recoge abundante jurisprudencia, incluido un fallo del Tribunal Supremo del 1 de febrero de 2001, y se centra en el boletín de denuncia, las alegaciones a las que tiene derecho el sancionado y a la notificación. En estos aspectos, la sentencia del TSJB emplea el término «ficción jurídica» para referirse a la «unidad jurídica a la que recurre el ordenamiento jurídico en ocasiones muy diversas para solucionar problemas, también muy diferentes, que de otra manera no podrían resolverse».

Como ejemplo, la sentencia menciona «actos y contratos celebrados en buques y aeronaves durante la navegación», «hijos adoptivos del mismo cuerpo legal, ejemplos ambos de lo que los postglosadores, en el siglo XIV, llamaban ficciones traslativas o extensivas, pues lo que existe de una determinada manera se considera 'como si' hubiera ocurrido de otro modo distinto».

Con respecto al estacionamiento masivo de vehículos de alquiler en suelo rústico o protegido, el fiscal Adrián Salazar sigue estudiando la denuncia interpuesta por el GOB, que acusa a las empresas de «rent a car» de un supuesto delito ecológico. El Ajuntament de Palma sigue con atención ese tema, ya que tras aprobar el pasado año la nueva ordenanza municipal, impide que los vehículos de alquiler puedan aparcar en vía pública. En temporada alta circulan por las Islas alrededor de 50.000 coches de alquiler.