De nuevo se ha destapado la caja de los truenos ante la
propuesta de ley de cooperación autonómica del Gobierno de Aznar.
Las reacciones no se han hecho esperar y las más contundentes han
procedido del president de la Generalitat catalana, Jordi Pujol, y
del presidente del Gobierno vasco, Juan José Ibarretxe, que han
advertido de la posible inconstitucionalidad de que el Ejecutivo
central se cierre al traspaso de competencias pendiente. Aunque, en
un intento de quitar hierro al asunto, el ministro de
Administraciones Públicas, Jesús Posada, dijo ayer que no se trata
de una propuesta agresiva y que si no existe el suficiente acuerdo
no se llevará adelante.
Lo que resulta preocupante en toda esta historia no es sólo la
propuesta en sí misma, sino la actitud que ha adoptado en los
últimos meses el Gobierno, acusando una excesiva prepotencia que no
es en absoluto buena para el correcto desarrollo de las cuestiones
que afectan al Estado y a su articulación. En este asunto es
imprescindible contar con un amplio consenso, especialmente con las
autonomías.
Sólo apuntar la posibilidad de cortar el traspaso de
competencias pendientes y cerrar cualquier posibilidad de que las
comunidades autónomas alcancen mayores cotas de autogobierno va en
contra de la lógica evolución que debería seguirse para que los
problemas de los ciudadanos puedan ser resueltos por instituciones
cercanas y con un mayor conocimiento de causa.
Lógico es que Euskadi y Catalunya expresen su malestar, aunque
la peor parte se la lleven otras comunidades como la nuestra, que
tienen un techo competencial sustancialmente inferior. Seguir
adelante con la propuesta sería regresivo y nada bueno para el
futuro.
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