Las canteras de Establiments, «Garrigueta Rassa» y «Can Rosselló», son, a juicio de muchos ciudadanos y visitantes, el mayor impacto paisajístico de Mallorca. Están situadas en la zona Nordeste de la Serra de na Burguesa, ocupan parte de un Àrea Natural de Especial Interés (ANEI), protegida por la Ley de Espacios Naturales, y los resultados de la extracción de roca se pueden apreciar desde casi toda la Isla. La desfiguración del paisaje es evidente, el impacto paisajístico también. Sólo ese dato, unido a las continuas denuncias de los vecinos por las molestias que ocasionan los trabajos, justificaría un reportaje"denuncia. Pero es que además, según aseguran diversos grupos políticos y organizaciones ecologistas, las canteras no tienen los permisos correspondientes y, por tanto, su actividad es ilegal.
De hecho, según asegura Miquel Àngel March, portavoz del GOB, existen sentencias del Tribunal Supremo, al menos dos, con fecha de junio de 1983 y de abril de 1988, que ordenan el cierre de las canteras al no tener los permisos correspondientes. La cantera de «Can Rosselló» carece de licencia municipal para desarrollar la actividad, mientras que la de «Garrigueta Rassa» ni siquiera ha presentado el obligatorio Plan de Restauración que precede a la solicitud de la licencia municipal, según las informaciones del regidor de EU-EV en Cort Jordi López. También el grupo municipal del PSM-EN, a través de su antiguo portavoz, Sebastià Serra, ha intentado durante muchos años que «las autoridades de Cort cumplan la legalidad» y prohíban la extracción.
Tanto el ex portavoz del PSM-EN como Miquel Àngel March califican su lucha por parar la extracción de la zona de Establiments «como una frustración» continua. En este sentido, el portavoz del GOB asegura que el hecho de no haber logrado el cierre de las canteras a pesar de las sentencias, denuncias y quejas, «acabó desanimándonos a todos», resume. Ninguno de los consultados cree que el Ajuntament de Palma tenga la intención de hacer cumplir la normativa y cerrar las canteras para rehabilitarlas, «a pesar de que el Ajuntament tiene potestad para hacerlo», indica López.
Alguno de ellos argumenta que ambas explotaciones pertenecen a la multinacional «Readymix Asland» y que no se cierran para no dejar a las constructoras de la Isla sin materia prima. «La ley debería ser igual para una multinacional que para una pequeña empresa. Hace meses Cort cerró una empresa de mototaxi por no tener licencia. ¿Por qué no cierra las canteras si tampoco la tienen?», asegura López.
Por su parte, el teniente de alcalde de Urbanisme de Cort, Rafel Vidal, recuerda que las obras públicas se abastecen en buena parte de las canteras y señala que «hay que ver qué consecuencias puede traer cerrarlas», dice, y añade: «Por otra parte, creo que no es un tema estrictamente municipal. También afecta al Consell y al Govern». Vidal indica que, según los datos de que dispone, las canteras de Establiments están intentando legalizar su situación. «Si finalmente no se pudieran legalizar veríamos qué medidas se toman», concluye. Mientras tanto, las molestias y perjuicios de la actividad son cada vez más evidentes. El agujero en la montaña es cada vez mayor y la paciencia de los vecinos, hartos de explosiones, grietas y polvo, está llegando al límite.
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