P. Candia21/04/02 0:00
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El vicepresidente del Govern Balear, Pere Sampol, manifestó ayer que «el Fiscal General del Estado debería inhibirse y nombrar un fiscal de carrera, profesional e independiente, que instruya el caso Formentera en el Tribunal Supremo». Sampol propugnó una reforma de la actual legislación para impedir que los jueces de lo penal sean elegidos por políticos «lo que evitaría -dijo- que luego deban juzgar a quienes les nombraron», en referencia al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, Antonio Montserrat, que acordó archivar el grueso del caso.

Pere Sampol pidió la inhibición de Jesús Cardenal «para garantizar la transparencia y corrección de la tramitación del caso ante el Supremo, tras el auto dictado por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Baleares que reabrió el caso». Por otra parte, los indicios de un presunto delito de malversación detectados por el auto del TSJB, del que fue ponente el magistrado Antonio Capó, puede ser competencia de un tribunal popular, según confirmó a Ultima Hora un profesional del Derecho. La Ley del Jurado Popular establece que un juez puede incoar un procedimiento de tribunal popular en los delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos.

Inscripciones fuera de plazo
Los partidos que forman la acusación particular del «caso Formentera», PSIB y EU, pedirán explicaciones a la Oficina del Censo Electoral, que depende del Instituto Nacional de Estadistica, sobre los 24 emigrantes que, antes de las últimas elecciones autonómicas, y fuera del plazo establecido, cambiaron el municipio en el que estaban inscritos por el de Formentera. Esta iniciativa ha sido adoptada después del auto del Tribunal Superior de Justicia de Balears que se hace eco de estas inscripciones supuestamente irregulares.

El TSJB no encuentra explicación «sin un plan» para la «coincidente» inscripción en Formentera de 24 personas que procedían de diversos lugares de otras islas y de Barcelona, especialmente si realizaron este trámite una vez convocadas las elecciones autonómicas.

El magistrado ponente del auto del TSJB por el que se decide elevar al Supremo el «caso Formentera», Antoni Capó, recuerda que esta práctica choca de pleno con la legislación, que prohibe expresamente los cambios de municipio de inscripción en España una vez convocadas las elecciones. Según consta en el extenso sumario del caso que, de momento, está en el TSJB, todas estas incorporaciones fueron tramitadas por el Consulado General de España en la localidad argentina de Rosario.