«Los juicios rápidos constituirán una respuesta inmediata a la
sociedad en el problema de la delincuencia común, una cuestión
grave especialmente en las zonas turísticas», dijo el juez decano
de Palma, Pere Barceló, que estudia la infraestructura existente en
la capital balear para poner en marcha esa modalidad de juicios.
Barceló es uno de los ocho jueces «liberados» (exentos de
jurisdicción) de toda España (los otros son los jueces decanos de
Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Sevilla y Málaga)
que elaboran para el Ministerio de Justicia un estudio sobre la
aplicación de juicios rápidos.
«Víctimas y testigos de delincuente comunes, sobre todo si son
extranjeros, obtendrán una respuesta adecuada cuando sean objeto de
delito en las zonas turísticas, aunque, por supuesto, la medida
beneficiará a todos los ciudadanos», señaló. «El turista podrá
marcharse con la idea de que la Justicia española ha actuado con
prontitud, rapidez y eficacia, por una medida que dará respuesta
inmediata a la sociedad en el problema de la delincuencia común,
que nos preocupa a todos». Hasta ahora, los juicios rápidos no se
habían podido celebrar porque un artículo de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal no lo permitía hasta transcurridos diez
días después de la denuncia.
Jueces, fiscales y abogados consideran que la implantación de
los juicios rápidos permitirán agilizar los trámites en los
procesos penales de pequeños delitos, especialmente si el
delincuente ha sido sorprendido «in fraganti». En Mallorca, los
hoteleros de la Platja de Palma han sido los primeros empresarios
en personarse como acusación particular contra los delincuentes
multirreincidentes, con el objetivo de «velar por los intereses de
los turistas que nos visitan», dijo el presidente de la patronal,
Jordi Cabrer.
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