El portavoz de la Plataforma pel Progrés del Centre Històric,
Climent Garau, envió ayer un escrito al presidente de Pimeco,
Demetrio Peña, para darle a conocer la posición de la plataforma
respecto a las medidas de restricción del tráfico en el centro de
Ciutat que está llevando a cabo el Ajuntament de Palma en
aplicación del estudio de movilidad presentado el pasado año.
«El mal del pequeño comercio hoy no son las restricciones
circulatorias, la actual red de aparcamientos sigue sin estar
utilizada en horas punta y absolutamente todos los aparcamientos
existentes y los que están en ejecución están en el centro»,
destaca Garau en la carta. El portavoz de la plataforma señala que
el 70% de los comercios del centro están en zona peatonal y añade
que llevan años «reivindicando su situación y sus beneficios
gracias a la peatonalización», prosigue.
«Por otra parte, las normas de instalación de pilones
retráctiles, no son una cosa nueva», indica Garau, considerando que
los pilones cumplen una función positiva: «Instalar un impedimento
físico para conseguir que se cumpla una normativa impuesta en el
año 1981 y que nadie cumplía», continúa. Garau señala que la
mayoría de comercios del centro están en zona peatonal o al lado de
algún aparcamiento, por lo que «es del todo inaceptable que se
culpe a las restricciones de tráfico de la falta de ventas del
pequeño comercio», indica.
«Las posturas intransigentes, elevadas a los medios de
comunicación, de retroceso total en la aplicación del Pla de
Mobilitat pueden crear una ruptura social entre vecinos y un sector
de comerciantes», destaca Garau, y señala que puede ser peligroso
enfrentar a 50.000 residentes contra un sector de los comerciantes,
«no creo que les sea beneficioso», afirma.
Por todo ello, Garau solicita «encarecidamente» a los
comerciantes que retiren sus propuestas, si bien indica que
«estamos dispuestos a seguir apoyando sus justas reivindicaciones
como hemos ido haciendo desde hace meses», añade, y afirma que sin
intransigencias y con diálogo se puede negociar cualquier tipo de
mejora en el estudio de movilidad y en la normativa de las zonas
ACIRE, por lo que es necesario que se impliquen «todos los
colectivos afectados».
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