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El sindicato CC OO aseguró ayer, en el acto de presentación del estudio 'Fijos discontinuos. De la estabilidad a la gestión flexible de las plantillas' que la aprobación de la reforma de la protección por desempleo que proyecta el Gobierno central supondría la pérdida del derecho a recibir el subsidio de paro para el 88 por ciento (53.000 personas) de los 60.000 fijos discontinuos que trabajan en las Islas.

Así lo afirmó el secretario general de la Federación de Comerç, Hosteleria i Turisme del citado sindicato, Rafel Borrás, en el transcurso de la presentación del estudio elaborado como resumen de las jornadas de estudio y debate sobre fijos discontinuos celebradas en noviembre de 2001.

Borrás explicó que la propuesta de reforma planteada por el Ministerio de Trabajo a los agentes sociales determina que sólo tendrán derecho a subsidio por desempleo los fijos discontinuos contratados después de marzo del 2001, cuando se reformó esta modalidad contractual en el Estatuto de los Trabajadores, lo que sólo beneficiaría al 12 por ciento de estos empleados en Balears y añadió que «la reforma es un nuevo recorte de las prestaciones de los fijos discontinuos y un golpe para el mercado de trabajo de Balears», agregó.

Por su parte el secretario de Acción Sindical de CC OO en Balears, Baltasar Piñeiro, aseguró que las sucesivas reformas que han afectado a la figura del fijo discontinuo desde el comienzo de la democracia «más que aclarar la contratación y normas lo que han hecho es liarlo cada vez más hasta poner en peligro esta figura», que según el sindicato está a punto de desaparecer.

CC OO exige la retirada de la reforma
«CC OO y UGT sólo negociarán la mejora de la protección del desempleo, porque el Inem tiene un superávit de escándalo», aseguró Borrás, que recalcó que el objetivo de las dos centrales mayoritarias es que el Gobierno retire su propuesta. Tanto Borrás como Piñeiro calificaron la propuesta del Ministerio de Trabajo sobre modificación de la prestación de desempleo como una auténtica «barbaridad». Además Piñeiro recordó que el Régimen Especial de Balears (REB), aprobado por las Cortes en 1988, prevé la creación de una comisión mixta Gobierno-Comunitat para regular la situación de los fijos discontinuos.