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En su momento, Clinton firmó el tratado por el que se creaba la Corte Penal Internacional (CPI), llamada a juzgar a personas acusadas de genocidio, crímenes contra la Humanidad y otros crímenes de guerra. La adhesión a dicha Corte, que comenzará sus trabajos el año próximo en La Haya, ha sido ya retificada por más de 60 naciones. Pero entre ellas no figurará la más poderosa del planeta, Estados Unidos, ya que Bush ha decidido renunciar a cualquier participación norteamericana en la CPI y, consecuentemente, no enviará al Senado para su ratificación el acuerdo suscrito por su antecesor. Así son las cosas en medios de una Administración Bush que no oculta ya lo más mínimo su política de «desmarque» de la mayoría de países occidentales en asuntos que teóricamente debieran interesar a todos. Un hecho de tanta importancia como el que comentamos ha suscitado distintas reacciones y es objeto de múltiples análisis. Así, los hay que manifiestan su preocupación por lo que puede significar en los concerniente a una escalada en la política belicista USA. El que Washington no reconozca en ningún caso la jurisdicción del nuevo tribunal puede interpretarse como una posible estrategia de autodefensa en el caso de que militares norteamericanos inmersos en operaciones bélicas fueran objeto de acusaciones. Bush tiene amplios planes de guerra y no está dispuesto a que sus soldados se encuentren con ciertas cortapisas en el desempeño de sus funciones. Tras tan inquietante hipótesis también podemos manejar la que concedería una escasa «vitalidad» u operatividad a la Corte recién creada. Si Estados Unidos se margina de dicho tribunal y desaprovecha por tanto la oportunidad de modelarlo a su gusto, ello podría significar que las tareas del mismo nunca serán de gran alcance al desarrollarse al margen de los designios impuestos por los dueños del mundo. En cualquier caso, hay que poner de relieve esa insolidaridad que la Administración Bush está conviertiendo en habitual en todo lo relativo al panorama internacional.