La Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo
está celebrando su 'IV Reunión Nacional' en la sala Mozart del
Auditórium de Palma. La reunión nacional fue inaugurada por la
consellera de Salut i Consum, Aina Salom, quien destacó que «el
derecho a la salud laboral es un derecho universal, del que son
depositarios todos los trabajadores» y comentó la importancia de
impulsar líneas de trabajo que contribuyan a la disminución de los
accidentes laborales «de los que desgraciadamente, Balears encabeza
la lista», recordó Salom.
El conseller de Treball, Eberhard Grosske, que también asistió a
la inauguración de la IV Reunión en la que participan unos 200
especialistas de todas las comunidades autónomas, indicó que la
enfermedad profesional «es la gran olvidada de la salud laboral
debido a que la atención de la opinión pública y de la
Administración está centrada en el grave problema de la
siniestralidad» y manifestó que un congreso de estas
características «puede servir para revalorizar la salud labor
concebida integralmente, no sólo como prevención de accidentes sino
también de bienestar de los trabajadores».
En la reunión, que concluye hoy con la presentación de
comunicaciones orales, se están tratando temas de gran interés
social con especial referencia a las nuevas enfermedades laborales
como el «moobing» (acoso en el trabajo); el trabajo de los
discapacitados o el síndrome del edificio patógeno. En el
transcurso de la primera jornada se puso de manifiesto el alto
nivel de incumplimiento de la ley de prevención de riesgos
laborales en la Administración pública y el alarmante incremento de
la situación de moobing en el medio de trabajo y su repercusión
sobre la salud hace necesaria la prevención de accidentes y
enfermedades profesionales, especialmente en el sector
sanitario.
Por otra parte también se apuntó que en Balears se ha comprobado
la incidencia de procesos osteomusculares en los trabajadores de la
hostelería. En la reunión se reconoció que es imprescindible dotar
de servicios de medicina del trabajo en todas las empresas
públicas, tal y como apuntó el propio conseller de Treball, quien
apuntó que «las Administraciones públicas son las primeras que
incumplen la normativa de prevención de riesgos laborales».
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