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Cerca de un 70 por ciento de las 300 antenas de telefonía móvil existentes en la isla no tiene licencia municipal por lo que, a partir de la aprobación de la ordenanza que regula este tipo de instalaciones, deberá suspender su funcionamiento mientras no tramite la autorización pertinente.

Así lo manifestó ayer el conseller insular de Cooperación local Josep Gomila, quien precisó que, el resto de antenas, cuya instalación ya está autorizada por el Ayuntamiento, podrá mantenerse hasta enero de 2004 en que deberá haberse adaptado a la normativa reguladora de esta actividad. La normativa del Consell se elevará a pleno el primer lunes del mes de junio para su aprobación inicial y entrará en vigor aproximadamente dentro de dos meses en los ayuntamientos que voluntariamente quieran adherirse.

Esta norma viene a cubrir «un vacío importante» que da lugar a situaciones conflictivas derivadas de que cada empresa se pone de acuerdo con una comunidad de vecinos y, en la mayoría de casos sin autorización municipal, se instala sin reparos, dijo Gomila. Precisó que, esto ha generado una serie de problemas denunciados por los vecinos.

Las antenas deberán estar lejos de los colegios
Entre las determinaciones y condiciones que establece la ordenanza que aprobará el Consell, destaca la que multiplica por diez la distancia establecida en la actualidad para instalación de antenas entre edificios como escuelas, guarderías, residencias de ancianos y parques públicos. Se concreta la denegación de una licencia en función del impacto visual, en especial, en edificios catalogados y espacios naturales protegidos, los cuales quedan excluidos de la instalación de antenas. No podrán ubicarse antenas en edificios de altura superior a la permitida por la normativa urbanística, ni sobre tejados de tejas árabes, ni en suelo urbano no edificado. En ningún caso las antenas servirán de base para instalación de publicidad. En suelo rústico no podrán abrirse nuevas vías de acceso a estas antenas, y deberán utilizarse materiales y colores adecuados al entorno. Los aspectos de orden estrictamente técnico reguladas por normativas del Govern «no se tocan», dijo Gomila. La licencia de obra y la de actividades podrá tramitarse simultáneamente y se establece la fianza que deberá depositarse y el pago de un seguro para responder de posibles perjuicios que puedan derivarse de estas instalaciones.También regula los sistemas de control e inspección que establece cada 4 años.