P. Candia21/05/02 0:00
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La sección primera de la Audiencia Provincial de Palma ha estimado parcialmente el recurso de apelación presentado por los servicios jurídicos del PP, representados por el abogado Carles Perelló, en contra del auto de archivo de sobreseimiento libre del denominado «caso Parc Bit» dictado el pasado mes de febrero por la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Palma, Carmen Abrines. La Sala revoca la resolución en lo que se refiere al supuesto delito de fraude y dispone «la reanudación de las diligencias instructorias para que se practiquen las diligencias de esclarecimiento y se adopten las decisiones que parezcan oportunas». Asimismo, los magistrados Antonio José Terrasa, Margarita Beltrán y Víctor Rafael Rivas, confirman el archivo del posible delito de tráfico de influencias.

El auto razona la decisión de que se continúe en el juzgado la instrucción del posible delito de fraude, «...porque en el terreno del Derecho aplicable, debe hacerse alusión a que el pretendido carácter exclusivamente privado de toda relación analizada, dista sobremanera de poderse considerar inopinable -al menos en el sentido que presenta la defensa de Misercòrdia Ramon- ...de manera que tampoco dicha circunstancia puede avalar (en este momento procesal) el sobreseimiento en cuestión, porque solo la posible afirmación de un derecho irrebatible sería premisa capaz de sustentar adecuadamente -en este instante- la finalización del proceso, mientras que en otro caso su continuación es lo debido».

La jueza dictó un auto de archivo de la causa que acusaba a la ex consellera d' Innovació i Energia, Misericòrdia Ramon, y al ex gerente del Parc Bit, Felio Morey, de los delitos de fraude y tráfico de influencias. El fiscal tampoco había apreciado la existencia de delito alguno en el caso y también solicitaba el sobreseimiento. Morey había incluido una cláusula en su contrato, aceptada por Ramon, que le garantizaba hasta 120 millones de pesetas en caso de que fuese destituido del cargo. Por ello, la ex consellera se vio obligada a dejar la cartera, aunque Morey también dimitió. Finalmente se llegó a un acuerdo por ambas partes para que no se pague esta indemnización.