Juan Mestre11/06/02 0:00
TW
0

La consellera de Medi Ambient, Margalida Rosselló, quiere que los futuros agentes medioambientales puedan ordenar la paralización de obras situadas en zonas protegidas. Este es uno de los artículos más polémicos del borrador de la Ley de Biodiversidad, un texto que todavía no tiene el apoyo de todos los socios del Pacte de Progrés para poder ser aprobada. El artículo 102 de dicho borrador establece que los agentes medioambientales puedan ejercer las funciones de vigilancia e inspección y acceder a aquellos lugares e instalaciones donde se desarrollen las actividades sujetas a la Ley de Biodiversidad. El texto propuesto por Rosselló a sus socios subraya que «los hechos constatados por los agentes medioambientales tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar los titulares de las actividades o instalaciones». La paralización de obras por parte de la Conselleria de Medi Ambient es uno de los artículos más conflictivos que se incluyen en el borrador de la Ley de Biodiversidad.

Precisamente, la titular de la Conselleria de Medi Ambient quiere que los agentes medioambientales estén operativos en septiembre. La creación de dichos agentes fue aprobada a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del pasado año, aunque la intención de Rosselló es realizar una promoción interna entre los agentes forestales para cubrir las plazas de esta nueva plantilla laboral.

Reunión entre Els Verds y el PSOE
Els Verds y los socialistas se reunirán esta semana para intentar desbloquear la Ley de Biodiversidad tras la amenaza del diputado Joan Buades de no votar los presupuestos del año que viene si el Pacte de Progrés no saca adelante el proyecto elaborado por la Conselleria de Medi Ambient. De la reunión bilateral entre los dos partidos podría aclararse la postura de ambas formaciones en relación a una ley que se tramita desde hace dos años. El Govern, como ya adelantó este periódico, descarta aprobar la Ley de Biodiversidad en los términos actuales debido a las dudas jurídicas que plantean algunos de sus artículos. De hecho, los juristas del Ejecutivo balear sostienen que el actual texto roza la inconstitucionalidad.