Telefónica, Vodafone y Amena, las tres principales compañías de
telefonía móvil en España, denunciaron ayer que debido a la falta
de inversiones para mejorar la red de telefonía móvil en las Islas,
«propiciada por la decisión de los ayuntamientos de las Islas de no
conceder más licencias para instalaciones de antenas, nos
encontramos en este verano con la misma red del pasado año, pero
con la salvedad de que se ha incrementado el uso de esta telefonía.
Esta situación se traducirá en una saturación y no se podrá en los
momentos punta dar salida a todas las llamadas», señaló ayer en
Palma el director de redes de zona de Balears, Juan Manuel
Ramonell, junto al director de recursos de Telefónica Móviles, José
Luis de Benito, y el director de calidad de Vodafone, Miguel
Udaondo.
En opinión de Ramonell, «si los ayuntamientos no autorizan
licencias se condicionará el desarrollo de las nuevas tecnologías,
afectando directamente con ello a la expansión de la sociedad de la
información y al teletrabajo. Balears tiene una incidencia
importante en cuanto a la utilización de la telefonía móvil, en
concreto en verano, ya que entre el 25 y 30 por ciento de los
usuarios son extranjeros y requieren los mismos servicios de los
que disponen en sus países de origen».
Los representantes de las tres operadoras hicieron ayer acto de
presencia en Palma para dar a conocer las mediciones de radiación
de las 771 antenas existentes en Balears, las cuales, «se
encuentran 845 veces por debajo del límite que establece la ley».
José Luis de Benito explicó que, a raíz de la publicación del Real
Decreto ley sobre los límites de exposición, el Ministerio de
Ciencia y Tecnología del Estado español exigía que se realizaran
mediciones a las antenas situadas a menos de 50 metros de los
núcleos de población. Tras esto, apuntó, los consejeros delegados
de cada una de las compañías españolas acordaron establecer «una
serie de medidas» en un proceso de «transparencia e información».
El pasado 30 de junio, continuó, se presentaron al Ministerio los
certificados, que establecían que las radiaciones de las antenas
«son menores de lo que establece la ley». Los niveles medios de
radiación detectados en las Islas, «indican que existe seguridad
absoluta para los ciudadanos que viven cerca de antenas».
De Benito anunció que las empresas de telefonía móvil están
trabajando «para establecer una normativa que regule las
instalaciones de antenas, de ahí que pedimos la colaboración de los
ayuntamientos». Miguel Udaondo explicó que «en España nos
encontramos en un momento crítico en la sociedad de la información,
ya que se han generado alarmas entre la sociedad producida por una
mala divulgación de todo el proceso de la telefonía móvil». En su
opinión, dijo, «esta alarma social está completamente
injustificada. Las empresas operadoras quieren dar razones técnicas
para que los ciudadanos estén tranquilos sobre las emisiones», dijo
refiriéndose a la decisión de las compañías de realizar un estudio
sobre los efectos de las radiaciones. Udaondo puntualizó que las
organizaciones médicas «más solventes del mundo afirman que no hay
ninguna relación entre las emisiones y las enfermedades
relacionadas con ellas, como el cáncer o la leucemia».
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