Quince ayuntamientos de las Balears han recurrido frente al
Tribunal Constitucional (TC) la Ley de estabilidad presupuestaria
aprobada con la mayoría del PP el pasado mes de abril y que
previamente había obtenido el aval de los consejeros populares en
el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Los consistorios, que se han sumado a la iniciativa de otros
ayuntamientos de todo el Estado de recurrir el «déficit cero», son
los gobernados por los socialistas en las Islas: Algaida,
Binissalem, Calvià, Lloseta, Marratxí, Pollença, Puigpunyent,
Sóller, Alaior, es Castell, Maó, Sant Lluís, es Migjorn, Eivissa y
Formentera.
Tal y como explicó el responsable de política municipal en
Mallorca del PSIB, Francesc Rosselló, «esta ley asfixia la
autonomía local y dejará los ayuntamientos sin posibilidad de
acudir al endeudamiento para financiar sus inversiones». La
iniciativa empezó a desarrollarse el primer trimestre de este año y
fue canalizada por la presidenta de la Federación de Entidades
Locales de las Islas Balears (Felib), Margarita Nájera.
Los meses siguientes los equipos de gobierno de los consistorios
socialistas aprobaron en sesiones plenarias esta medida, que se ha
tomado a título individual y se ha canalizado a través del Grupo
Parlamentario Socialista.
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