Hacienda ha remitido citaciones de pago equivocadas a miles de
ciudadanos de Balears a causa de un error informático, provocando
la confusión general entre los contribuyentes, pequeñas empresas y
gestorías que habían cumplido diligentemente con sus obligaciones
fiscales, según han informado un grupo de perjudicados y fuentes
próximas a la Agencia Tributaria, aunque la información no ha sido
confirmada por Hacienda quien ha alegando que el delegado en
Balears, Ignacio Fernández Alegría, se encuentra de vacaciones
hasta el 1 de septiembre.
El Fisco ha remitido miles de cartas estándar de citación de
pagos sobre el IVA, retenciones de alquileres o retenciones del
trabajo, respecto del primer trimestre del actual ejercicio, en las
que da un plazo de 10 días a los respectivos contribuyentes para
que regularicen su situación, cuando el plazo habitual para este
tipo de citaciones es de 30 días. Según han informado varios
afectados, cuando el contribuyente se dirige a las distintas
delegaciones de Hacienda para clarificar su situación fiscal, el
mismo personal de ventanilla le informa de que la citación se ha
producido a causa de un error informático y se emplaza al ciudadano
a que rompa o se deshaga del impreso oficial.
Se ha dado la circunstancia de que cuando alguno de los
contribuyentes afectados ha solicitado un impreso oficial para
hacer constar que su requerimiento de pago no es válido, el
personal de ventanilla le ha emplazado a firmar un papel en el que
el mismo contribuyente dice que el requerimiento es debido a un
error informático.
Este error informático de Hacienda ha causado un grave malestar
entre los afectados, principalmente entre los contribuyentes
individuales y pequeñas empresas, pero también a las gestorías. Se
ha dado la circunstancia que algunos contribuyentes, que en su
momento habían entregado a sus gestorías dinero y los impresos
firmados, han recibido este requerimiento de Hacienda, por lo que
algunos han temido ser víctimas de irregularidades. Especialmente
porque en las citaciones de Hacienda se solicitaba a los
contribuyentes afectados que acudieran con libros de registros,
facturas emitidas, y todo tipo de documentación, como si se tratara
de una inspección fiscal.
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