El presidente de la Cámara de Comercio, Miquel Lladó, presentó
ayer un estudio que pretende «dotar de seguridad jurídica» a las
relaciones contractuales entre los operadores turísticos, «dada la
ausencia de normas y leyes específicas que las regulen», añadió
Apolonia Martínez, profesora de Derecho Mercantil de la Universitat
de les Illes Balears (UIB) y coordinadora del trabajo.
El informe evalúa las principales características y
especificidades de los contratos interempresariales turísticos más
habituales en Balears: el contrato de cupo o de reserva de plazas
de alojamiento, suscrito entre el touroperador y el hotelero; el
contrato de chárter aéreo, entre aerolínea y mayorista; y los
contratos de transporte turístico, referentes al sector del
transporte discrecional para desplazamientos y excursiones internas
de los turistas.
Tanto Martínez como Lladó explicaron que este informe pretende
«facilitar el trabajo al juez en caso de un posible litigio entre
este tipo de empresas», aunque admitieron que los conflictos entre
los operadores turísticos suelen resolverse en el ámbito privado y
no en los juzgados. Dada la ausencia de regulación específica,
Martínez dijo que los litigios deben resolverse mediante la
interpretación del contrato, por lo que consideró necesario
clarificar a los jueces las cláusulas y términos específicos del
sector.
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